Denuncia asesor legal: “Amenazas hasta de seguridad tiene EEH”
Camilo Martínez
El asesor legal de Grupo Ethuss, propietaria de la sociedad Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios, S.A., Camilo Martínez, expresó grupos del gobierno “están tratando de fraguar una intervención basadas en caprichos y alejadas de ley a EEH.
Ethuss es uno de los accionistas principales de Empresa Energía Honduras, dijo que “algunas autoridades del Estado de Honduras siguen siendo la de desconocer los derechos de los inversionistas extranjeros, accionistas de la sociedad EEH, pretendiendo fraguar una “intervención basados en posiciones de capricho y alejadas de la ley y el contrato”.
Martínez dijo que “por los atropellos contra los accionistas, directores, funcionarios y empleados de EEH, a quienes se ha amenazado inclusive hasta en su seguridad personal, lo que ha orillado a la empresa a acudir ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
“Adicional a lo anterior, tenemos información fidedigna que empresarios vinculados hasta hace no mucho tiempo a la prestación de servicios en el área comercial de la empresa estatal ENEE, están promoviendo las acciones de intervención hacia EEH en contubernio con algunas autoridades”, dijo en entrevista a Canal 11.
“Acciones que acarrearán graves consecuencias para el país; incluso es un secreto a voces que están planificando presentar ante el Congreso Nacional, una iniciativa de ley buscando se logre una salida arbitraria de EEH, pensando que con eso se liberan de responsabilidad”.
“Las instancias judiciales reconocieron la legalidad del documento declarando con lugar la pretensión de EEH, y establece un monto inicial de deuda en favor de mi representada por la suma aproximada de US$ 230 MM, más intereses”.
“Hay una solicitud de medidas cautelares con el propósito de que la CIDH adopte medidas de urgencia y recomiende al Estado de Honduras lo siguiente:
-Que cesen los actos violatorios de los derechos humanos;
– Que se reparen los daños ocasionados;
– Que se introduzcan los cambios necesarios al ordenamiento legal;
– O que se requiera la adopción de otras medidas o acciones estatales.
