Carolina Alduvín
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Por: Carolina Alduvín
Siguen las municipalidades uniéndose a la iniciativa en contra de las inconstitucionales ZEDE, pero no muchas, dicen por ahí que son 160, pero los pronunciamientos firmados por alcaldes y regidores son aún muy pocos. Oficialmente se sabe de los municipios de Arizona, Esparta, La Ceiba, La Masica, San Francisco y Tela en el departamento de Atlántida, casi la totalidad. En Valle: Amapala; San Lorenzo apenas cuenta con un pronunciamiento en contra, firmado por organizaciones gremiales como patronatos, sindicatos, médicos, maestros, sector turístico, sector privado, sector transporte, sociedad civil y ONGs, todos denunciando la actitud silenciosa de la corporación municipal, al no hacer público y por escrito el punto de acta donde manifiestan abiertamente estar en contra de las ZEDE.
En la capital, el presidenciable alcalde, de dientes hacia fuera, también ha dicho estar en contra de tal aberración jurídica; obvio, necesita ganar simpatía entre los indecisos, en el entendido que eso no lo va a enfrentar con la cúpula del PN, desde el momento que no está tomando acción alguna para impedir su instalación, o para revertir una decisión ilegal tomada en el Congreso Nacional, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, de la que fueron destituidos los magistrados honestos y apegados a ley que en su momento hicieron inviable tal violación a la Constitución. Posteriormente, se hicieron reformas –igualmente ilegales a decir de los expertos– y la ley que permite crear ZEDE fue promulgada. Al ser ilegales las reformas, también lo es la propia ley, eso hay que hacerlo valer.
A decir de los entendidos, la solución consiste en lograr la expulsión de los textos reformados en la Constitución; es decir, borrarlos y ya sin las reformas, dicha ley carecería de valor y efecto. Nos señalan que quienes tienen la potestad y deber de hacerlo son los propios legisladores en funciones, quienes obviamente no tienen la intención, ni la voluntad, ni la coerción necesaria para hacerlo. También nos comentan que, en tal caso la propia Corte Suprema de Justicia puede pronunciarse y expulsar los textos inconstitucionales, algo que tampoco da señales de estar por suceder. Hace tiempo que no hay independencia de poderes.
¿Qué queda entonces? Los propios expertos dicen que los alcaldes tienen entonces la potestad de determinar si en sus territorios se aplica o no se aplica una ley que no les favorezca, que la población rechace o, como en este caso sea inconstitucional. Igualmente, estos funcionarios y los regidores que con ellos colaboran, tienen todas las facultades para promover inversiones y generar los tan apetecidos y necesarios empleos con los que han intentado sobornar a la opinión pública en general, y a las poblaciones locales interesadas en particular. Ellos pueden facilitar todo lo necesario para que inversionistas nacionales o extranjeros monten empresas, tengan incentivos fiscales, hagan todos sus trámites en ventanillas únicas y pongan a circular y a producir sus capitales.
Llama la atención que de los 18 departamentos en que se divide nuestra geografía, los elegibles para decretar ZEDE sean casualmente los que tienen salida al mar, es difícil no pensar en que, tarde o temprano, de hecho y de derecho se hagan otro país, dadas todas las concesiones de autonomía en legislación, operación de justicia, régimen tributario y potestad de expansión que les concede su ley. Sin embargo, y pese a que se dice que la propia capital no es lugar de interés para tales instalaciones, hay activistas llamando a la población y solicitando en los portones de la alcaldía que se convoque a una sesión de cabildo abierto para que el municipio del Distrito Central también se declare libre de ZEDE.
Los dirigentes dentro del territorio de La Mosquitia hondureña son enfáticos en que ellos tienen alguna forma de autonomía por ser pueblos autóctonos, también desgañitan que ahí las ZEDE no se van a establecer, en el departamento de Gracias a Dios, existen muchas de las grandes riquezas naturales casi inexploradas con que cuenta el país, incluso petróleo que al decir de los entendidos, no ha resultado rentable extraer, pero dada la especulación que acompaña a estos energéticos, no es remoto que extranjeros terminen beneficiándose de su explotación cedida vía leyes inconstitucionales. Los municipios deben usar esta facultad para revertirlas.
