Tabletazo

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/ 16 de julio de 2021
/ 12:01 am
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Tabletazo

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Por: Edgardo Rodríguez
Politólogo y Periodista

La trama comenzó como algo aparentemente legítimo, con el envío de la solicitud de la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNA), de una ampliación presupuestaria de 800 millones de Lempiras, para compra directa, oscura y sin licitación, de la empresa responsable de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), el lector de huellas digitales y de las 20 mil “tabletas” para elaborar virtualmente las actas de votación finales, de cada mesa receptora, el día de las elecciones generales. Resultó extraño para algunos observadores que hace dos semanas empezó una campaña, en algunos medios de comunicación, advirtiendo que, supuestamente, el Partido Nacional se oponía a dicha solicitud de recursos, queriendo con ello generar un ambiente de presión para que el Congreso Nacional “corriera” a aprobar la petición. Algunos ingenuos cayeron en la trampa y empezaron a satanizar la supuesta negativa, que nunca existió.

Con el paso de los días se ha ido develando la trama orquestada por la señora Rixi Moncada y secundada por Paola Hall. Ambas damas desde las pasadas elecciones primarias llevaron la batuta en el CNE, votan al unísono, tienen objetivos comunes, se coordinan perfectamente, dejando en desventaja al representante del Partido Nacional, que nada puede hacer. Como se vio en febrero pasado, de manera autoritaria, ellas implementaron acciones contra la Ley Electoral, al aprobar el conteo de votos municipales y departamentales, que al final no se implementó. También, ambas políticas, se opusieron a que se implementara el TREP, lo que provocó un retraso de casi un mes para conocer los resultados oficiales finales de dichas elecciones. Dicho proceso fue altamente desordenado y criticado, por diversos sectores independientes, que expresaron su preocupación por lo que pudiera suceder en noviembre próximo.

Con esas credenciales de autoritarismo, improvisación e ilegalidad las mismas dos protagonistas ahora intentan desaparecer el acta de escrutinio en físico, que es un mandato de la Ley Electoral y sustituirla por un dudoso sistema digital, a través de las famosas “tabletas”. Este es un procedimiento muy delicado, que se ha prestado para el fraude electoral en otros países, ya que es altamente manipulable y no deja rastro, esta solo es la muestra que algunos políticos de oposición, desde ya juegan a eliminar las actas físicas para facilitar la maniobra sucia, porque las actas en físico, al hacerse varias copias es altamente difícil de manipularlas y si se intenta existe la posibilidad que los partidos afectados puedan impugnar, con las “tabletas” esa opción desaparecería. Además de lo anterior, en las últimas horas se ha descubierto que detrás de ese turbio negocio de compra millonaria está un asesor de la señora Rixi Moncada, de nacionalidad costarricense, investigado por la justicia de ese país por fraude en el ente electoral “tico” y una empresa de origen colombiano, que ha participado en procesos electorales que no han tenido buenas prácticas y que han sido fuertemente cuestionadas. Estos son otros elementos que develan la trama oscura detrás de la solicitud de más presupuesto para el CNE.

Los artífices de la trama fraudulenta no encuentran eco en el Congreso Nacional para concretar su plan, por lo que ahora quieren meterle miedo al pueblo, inventando que “peligran las elecciones”, no se equivoquen, lo que peligra es el negociazo que quieren realizar y además la preparación de las condiciones para digitalmente manipular los resultados electorales, valiéndose de la superioridad que ostentan en el CNE.

Los indicios racionales son claros, en el sentido que las señoras del CNE, siguiendo instrucciones de sus máximos líderes, están en la ruta de intentar sacar ventaja, a como dé lugar, en ese órgano electoral. Por esa razón es que varios dirigentes del Partido Nacional han señalado que con el uso de las “tabletas”, que intenta el CNE, habría fraude. Ha quedado muy claro que no se oponen a los mecanismos que le brinden la mayor transparencia al proceso electoral, a que se implementen las mejores prácticas, pero garantizando que no vayan a fallar por la improvisación y la falta de experiencia que se ha evidenciado en otros procesos, cuando se quiere introducir tecnología novedosa a última hora, sin contar con la suficiente preparación de todos los actores involucrados.

Considerando las obvias maniobras “movidosas” que desde ya se avizoran con el control del CNE por parte de la oposición y en vista de lo corto del tiempo para introducir innovaciones tecnológicas con dudosa transparencia, procedencia y finalidad, es que el Congreso Nacional debe aprobar parcialmente la solicitud de ampliación presupuestaria, condicionando el uso de dichos fondos a la compra de los lectores de huellas digitales y a la contratación de una empresa altamente calificada y certificada para la implementación del TREP, nada más. Y se debe seguir alerta con las señoras Moncada y Hall, porque las intenciones de fraude ya se empezaron a vislumbrar y seguirán latentes.

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