Enrollados

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/ 17 de julio de 2021
/ 12:02 am
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Por: Fernando Berríos
Vértice

Resulta totalmente inaceptable que en el minuto 90, a tan solo 130 días para nuevas elecciones generales, las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) vengan a decirnos que este proceso está en riesgo por falta de presupuesto.

¿A qué juegan? La respuesta es más que obvia. Es un juego político en el que siempre saldrá perdedor el pueblo hondureño.

No se necesita ser politólogo para saber que las elecciones se comienzan a ganar o perder con las determinaciones del Consejo Nacional Electoral.

De ahí que resultara tan importante que una nueva Ley Electoral se aprobara con tiempo, que fuera suficientemente discutida y que se blindara de los antojos o caprichos de los magistrados de turno, los que de más está decir, son políticos y políticas al servicio de los partidos.

Suena hermoso el discurso de que están ahí para garantizarle al pueblo un proceso ágil, transparente y técnico, porque en la práctica todos sabemos que ellos están ahí para dar un plus a una eventual victoria de sus respectivos institutos políticos.

Al pueblo hondureño no le resulta barato sostener un organismo, durante tres años inactivo, para que a última hora, a tan solo 130 días del proceso electoral, nos vengan a decir que no hay presupuesto para hacer lo que les ordena la ley.

Y resulta aún más aberrante que nos lo digan cuando todos sabemos que el 26 de noviembre de 2020, se les aprobó un presupuesto de 1,760 millones de lempiras precisamente para financiar los dos procesos: el primario y el general.

En el primario se gastaron 900 millones de lempiras (inaudito un gasto de esta magnitud en una nación con tantas necesidades), por lo que mienten aquellos que aseguran que no hay dinero para cumplir las exigencias de la nueva ley. Claro que lo hay, son más de 860 millones los aprobados y disponibles para el CNE.

Y en este punto es donde debemos poner mucha atención, porque no todo lo solicitado por el CNE está en la ley. El organismo solicita más de 800 millones de lempiras adicionales para dotar de tecnología el proceso general.

Hasta aquí vamos bien y eso es plausible. Así debe ser. No podemos seguir contando votos con las formas del pasado porque todas las sociedades y sus procesos deben evolucionar.

En ese sentido, la ley es clara. El CNE debe tener adjudicado un sistema de Transmisión Preliminar de Resultados (TREP) cuatro meses antes de la elección, es decir, eso significa que debe estar contratado a más tardar el 27 de julio. Lo más sensato es que el CN otorgue una ampliación a este plazo fatal.

A 10 días de vencerse ese plazo nos preguntamos: ¿por qué a estas alturas no sabemos qué empresas participan?, ¿qué software usarán?, ¿en qué países han tenido experiencia?, ¿cuánto cobrarán?, ¿cómo transmitirán los resultados desde comunidades con problemas de energía y conectividad?

También la ley establece la obligatoriedad de la toma de huella dactilar. Está en la ley y debe cumplirse, sin embargo, los políticos debieron ser más sensatos porque ese es precisamente el objetivo de haber gastado miles de millones de lempiras en el proyecto Identifícate, para obtener un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) y un nuevo censo, el cual contiene todos los datos biométricos de la persona.

Si esa información está verificada en la nueva identidad, avalada por Naciones Unidas, ¿para qué van a tomar huellas el día de elección? Si es para dar más seguridad de que no habrá suplantación de votantes y que “los muertos no voten”, lo aplaudimos, pero obligadamente debemos preguntarnos: ¿qué pasará con todas aquellas personas que el lector no pueda leer sus huellas dactilares? ¿Le van a impedir ejercer el sufragio?

Muchos hondureños tienen problemas con sus huellas por la naturaleza de su trabajo, llámese agricultores, pintores de carros, carpinteros, entre otros. A todos ellos, la huella prácticamente les ha desaparecido y ese era el objetivo del controversial enrolamiento: asegurar que la persona enrolada es quien dice ser.

A la par de estas dos innovaciones tecnológicas se habla de otras como el acta electrónica (que no está en la ley) y las tabletas que tendrían al menos 11 aplicaciones. Si estas tabletas (que según Salvador Nasralla las quieren vender por $500 cada una, cuando en realidad su valor es $. 85) ni siquiera han venido al país, ¿cómo se pretende que los representantes en las más de 18,000 mesas receptoras las puedan usar? ¿Quién los capacitará?, ¿qué nivel educativo deben tener los delegados de mesa para manejarlas y evitar que el más ágil se aproveche del desconocimiento de sus compañeros para manipular la información?

¿Cómo se puede garantizar que toda esta información preliminar el día de la elección fluya de forma equitativa entre los votos urbanos y los votos rurales? A esto juegan los políticos, a ganar la elección antes de iniciados los comicios. En eso estamos claros.

Twitter: @berriosfernando
Email: fberrios1974@gmail.com

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