¿Una salida cuartelaria a la crisis política?
¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?
Por: Óscar Armando Valladares
Visto con frialdad, de 2009 a 2021 la historia de Honduras es similar a la que Oliverio Goldsmith observaba de Europa en 1759: un tejido de crímenes, locuras e infortunios. De crímenes, emanantes de un régimen amparado por el narcotráfico, la corrupción, el autoritarismo; de locuras, como la que singulariza el analista económico alemán Pablo Kummetz: la renuncian de un país a su soberanía, -“algo nunca visto”, dice-, en referencia a la promulgación en 2013 de la entreguista Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), emitida en las postrimerías del gobierno de Porfirio Lobo y llevada al extremo en los mandos de Juan Orlando Hernández; de infortunios, tantos y de tanto daño como los resultantes de las tormentas Eta e Iota y el flagelo del coronavirus. ¿Qué estamos pagando?, invoca la ingenuidad creyente en su inmóvil impotencia.
Esa degradación política, cívica y moral, perpetuada en nombre del partido antinacional, instigada en dos siglos de independencia mancillada, favorecida por la escasa dignidad identitaria, obra disolvente de los poderes fácticos -imperialismo, iglesia, ejército, hegemonía mediática-; esa degradación, subrayamos, nos golpea de lleno a meses de otra disputa electoral con una oposición sin visos ni avisos de una alianza, a lo menos para escriturar propósitos tendentes a salvar los obstáculos que en 2013 y 2017 acuñó JOH a su favor.
Claramente comprendido que detrás de lo político, que además de seguir succionando las mamas de la res-pública, campea el interés de aprovechar -en calidad de consocios- los enclaves de las ZEDE, la camarilla azul echará toda su trapacería en procura de sus planes; por lo que sobre el tapete lo que priva no es si habrá comicios en noviembre, sino de qué naturaleza devendrán: si del ya registrado “estilo Honduras”, como amenazan ser, o relativamente honestos, como aspira el procomún.
Puesto que los hechos pasados pueden servir para entrever escenarios futurizos, viene uno al caso, en el que se vio envuelta la avidez conservadora. Caducaba el gobierno de Juan Manuel Gálvez, quien sin la participación del candidato liberal, Ángel Zúñiga Huete, había sido fácil ganador en las urnas de 1948. Por diferencias en el seno cachureco, hubo tres aspirantes en el proceso electivo de 1954: un ala reformista postuló a Abraham Williams Calderón, el nacionalismo tradicional a su viejo caudillo Tiburcio Carías y los liberales a Ramón Villeda Morales. Pese al ambiente hostil, Villeda obtuvo el mayor número de sufragios; empero, los dos movimientos nacionalistas boicotearon su victoria, por lo que al no prevalecer un ganador reconocido sobrevino la ruptura del orden constitucional y, en ausencia provisora de Gálvez, el vicepresidente Julio Lozano asumió la conducción del país.
Lozano cayó en la seducción de constitucionalizarse. Revestida de “reformista” y “pumpunera”, la bandería nacionalista propuso su candidatura. Los resultados -el 7 de octubre de 1956- fueron: MNR-PUN, 370.318 votos; Partido Liberal, 41.724 y 2.003 votos a nombre del Partido Nacional (cariísta). La contundencia fue tal, que Gálvez u otro amigo le dijo al jefe de Estado: Julio, les metiste capote. El descontento y la amenaza de acciones violentas, ocasionaron la caída de la dictadura el 21 de octubre, y el acceso del poder castrense por conducto de los triunviros Roque J. Rodríguez, Héctor Caraccioli y Roberto Gálvez Barnes.
Doce años de dominio impopular, más cuatro en perspectiva, el riesgo casi de un nuevo escamoteo electoral y sobre todo el peligro de un desborde civil, dan pie para inferir la ocurrencia de una acción castrense, de inducción foránea, con qué “resolver” por de pronto las “imperfecciones” de una democracia en jaque, sita en el traspatio de EEUU casos parecidos ha habido en el pasado: en 1919, la deposición obligada del mandatario Francisco Bertrand; en 1924, roto el orden constitucional, el ingreso de 200 “marines” a Tegucigalpa y en seguida los arreglos en el crucero Denver, surto en Amapala, de los que resultó el gobierno provisorio de Vicente Tosta, y sucesivamente las administraciones de Miguel Paz Baraona, Vicente Mejía Colindres y Carías Andino. ¿Inducirá el imperio una solución cuartelaria, por lo que resulte del domingo 28?
