Rodolfo Guillermo Pagán Rodezno*
Desde la independencia en el año 1821, el país ha enfrentado crisis políticas de todo tipo, unas más graves que otras, incluyendo golpes de Estado, sucesiones constitucionales, montoneras, destituciones ilegales de altos funcionarios, interpretaciones antojadizas de la Constitución, reelecciones inconstitucionales del presidente de la República, cuestionamiento de elecciones, lo que aunado a la pobreza y a la corrupción, dio lugar hace varias décadas para que Honduras fuera conocido de manera peyorativa como una “república bananera”, condición que al día de hoy, lastimosamente se mantiene.
La más reciente crisis fue la ocurrida en noviembre del año 2017, cuando realizaron las elecciones generales, en las que además de la incostitucional reelección del actual Presidente de la República, las mismas se convirtieron en las más cuestionadas de la historia reciente, debido al cambio de tendencia debido a los famosos “votos rurales” así como por los extraños apagones y caídas del sistema, lo que provocó enormes dudas acerca de la veracidad y transparencia de los resultados, dando lugar a graves denuncias de fraude, generando a su vez violentas protestas, que dejaron varios muertos en diversos puntos del territorio nacional.
Debido a lo anterior, recientemente se aprobó una nueva Ley Electoral, incluyendo varios cambios respecto a la ley anterior, como la creación de nuevos organismos, en los que se incluyó a representantes del tripartidismo que ahora existe en el panorama político, aunque sin aprobarse las reformas torales como la segunda vuelta electoral, que ha sido un reclamo de diversos sectores como una manera de fortalecer el cada vez más debilitado sistema democrático en el país.
Resulta que a pocos meses de la fecha en que deben realizarse las elecciones generales, el Congreso Nacional no ha aprobado los recursos para el financiamiento del proceso, para el que según el Consejo Nacional Electoral se requieren alrededor de 1,600 millones de lempiras, de los que poco más de la mitad se destinarán para la adquisición de la tecnología necesaria para la implementación de los lectores de huellas para cada junta receptora de votos y la transmisión de los resultados electorales preliminares, factores muy importantes para que el proceso electoral cuente con algún nivel de confianza y transparencia.
Muy interesante la postura de algunos miembros del partido de gobierno, quienes ahora son abanderados de la transparencia, los que han expresado que uno de los principales motivos por los que no se ha aprobado el presupuesto requerido es por el riesgo de que se cometan actos de corrupción en la compra de las “tablets”, especialmente si se tienen presente las declaraciones del representante para el Triángulo Norte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, quien recientemente manifestó que la corrupción le cuesta a Honduras el equivalente a 3 mil millones de dólares, entre los que se incluyen claro está los 47 millones de dólares que se dilapidaron impunemente en la compra de los famosos hóspitales móviles, sin que esos mismos representantes del partido de gobierno dijeran “esta boca es mía”.
No bastando con lo anterior, se emitió un dictamen en el Congreso Nacional en el que se pretende que únicamente el presidente del Consejo Nacional Electoral, el que para la fecha de las elecciones será el representante del Partido Nacional, pueda divulgar resultados, poniendo así “bozal” a las otras dos integrantes de dicho órgano colegiado, entre otras medidas que vienen a complicar aún más el proceso eleccionario.
Definitivamente que después de lo ocurrido con la pandemia y los huracanes, y el desastroso manejo por parte del gobierno, además de los numerosos actos de corrupción realizados, Honduras se encuentra en una situación extremadamente delicada en varios ámbitos, como en lo económico, en lo social, en el tema sanitario, por lo que lo último que se necesita es una crisis política que seguramente sería peor a la del año 2017, asi que es imperativo la realización de las elecciones generales y que en las mismas se respete la voluntad del pueblo.
Que Dios guarde a Honduras.
*Abogado y Notario
Máster en Derecho Empresarial
