Parlamento de Nicaragua cierra 24 ONG críticas de gestión contra la pandemia
El parlamento de Nicaragua canceló este miércoles la personalidad jurídica a 24 organizaciones de la sociedad civil, la mayoría asociaciones médicas, acusándolas de incumplir las normas de funcionamiento, pero los afectados denuncian una represalia por criticar el manejo de la pandemia.
La medida, solicitada por el ministerio de Gobernación (Mingob) y aprobada por una mayoría de 70 diputados del oficialismo y 16 en contra, también dispuso que los bienes de esas entidades pasan a ser “propiedad del Estado”, según la resolución aprobada en sesión plenaria.
“No hay un afán persecutorio ni de dañar a ninguna oenege, solo se está aplicando la ley”, expuso ante el plenario el diputado liberal y aliado del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Wilfredo Navarro.
El parlamentario alegó que algunas organizaciones tienen más de 10 años “durmiendo el sueño de los justos, sin cumplir los requisitos” de ley para continuar operando.
Entre los organismos cerrados hay asociaciones de enfermos de insuficiencia renal, nefrología, diabetes, neumología, climaterio y menopausia, infectología y reanimación, anestesia, tratamiento para el dolor, entre otros.
Profesionales de la salud rechazaron la medida al considerar que afectará a los beneficiarios de esos servicios.
Denunciaron que la medida se trata de un intento del gobierno para “callar los señalamientos [de especialistas sobre] la mala gestión de la pandemia y salud”.
Nicaragua, uno de los países que no aplicó medidas de contención de la pandemia, reporta oficialmente 9.651 casos y 194 fallecidos por covid-19, pero esas cifras son cuestionadas por grupos independientes de médicos y ciudadanos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que la cancelación a la identidad legal a esas 24 oenegé que “velan por la salud y la vida de los nicaragüenses” es una violación al derecho de libertad de asociación.
En 2018, en medio de una crisis política detonada por protestas antigubernamentales, el parlamento anuló el estatus jurídico a 10 oenegé, incluido el CENIDH, acusados de promover actividades “terroristas” y “golpistas”.
