ZEDE y gobierno conjuran contra el país y la UNAH
¿Vuelven los oscuros malandrines del 80?
Por: Óscar Armando Valladares
La mañana del 2 de febrero de 2005 revelaba un ajetreo inusitado en el campus capitalino de la UNAH, debido a la llegada de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional y primer secretario del mismo, respectivamente. Dirigía el país Ricardo Maduro Joest y ocupaba la silla rectoral Guillermo Pérez-Cadalso Arias. El encuentro, devenido en ceremonia pública, obedecía a la firma y entrega de la nueva Ley Orgánica de nuestra Universidad contenida en el Decreto Legislativo No. 209-204, ley que venía en remplazo de la emitida el 15 de octubre de 1957, raíz y sustento legal del principio de autonomía con el que se desenvuelve la institución educativa abierta en 1847 con Lindo y Trinidad Reyes de gestores.
Debidamente consensuado, el nuevo instrumento legal vigente retuvo en su articulado los principios, objetivos y funciones inherentes a la UNAH: institución autónoma del Estado; dedicada al fomento y difusión de la identidad nacional, el arte, la ciencia y la cultura; participante en la transformación de la sociedad hondureña y desarrollo sostenible de Honduras, con su atribución facultativa de organizar, dirigir y desarrollar con carácter exclusivo la educación superior y profesional y la de integrar y presidir, por medio del rector, el Consejo de Educación Superior.
Ocho años después, los mismos personajes: Lobo en la presidencia del Estado y Hernández en la presidencia del Congreso, promulgaron otra Ley Orgánica: de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), atentatoria a las leyes de 1957 y 2005, a la Constitución, a la soberanía e integridad de Honduras. Sin importar que la UNAH es constitucionalmente el mismo Estado en materia de educación superior y profesional, Pepe, JOH y comparsas venales articularon que las -Zonas de Empleo y Desarrollo Económico “están autorizadas a establecer sus propios sistemas de educación” y, con mayor incisividad, “que deben establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles”; que “el ejercicio de las profesiones o grados académicos no estará condicionado a colegiación o asociación”, y que, “no obstante, las autoridades de las ZEDE podrán requerir la acreditación académica correspondiente para el ejercicio de determinadas profesiones”.
Publicada en 2013, la lesiva ley no fue advertida por la Junta de Dirección, el Consejo Universitario y la Rectoría -entonces tutelada por Julieta Castellanos-. Ocho años más tarde, en 2021, la institución a cargo ahora de Francisco José Herrera elevó y documentó el escrito de protesta, al que se adicionó la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, particularmente en lo relativo a la violación del artículo 160, uno de cuyos párrafos indica “que solo tendrán validez oficialmente los títulos de carácter académico otorgados por la UNAH, así como los otorgados por las universidades privadas y extranjeras, reconocidos todos ellos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras”.
En Frente a Frente, el rector y su equipo debatieron el viernes 23 de julio con Ebal Díaz y Gerardo Castillo, del binomio ZEDE-gobierno. Faltó lastimosamente contundencia a la UNAH, al caer en el dime y direte de Díaz, aunque la abogada Aída Romero, expuso vehementes argumentos legales y el estudiante Efraín Ordoñez tildó de desfachatez la arremetida sobre la calidad y el costo de formarse en la UNAH con que los emisarios de la otra causa justificaron la prevalencia del régimen de las ZEDE, mientras el vicerrector de relaciones internacionales, Julio Raudales, capeaba acusaciones de llamarse a silencio cuando era ministro de Lobo.
¿Qué pasará -inquirió Renato Álvarez- si la Sala de lo Constitucional fallase en favor de la Universidad? ¿Concluye allí el reclamo de la academia? Como egresados suyos, demandamos que la lucha debe seguir y profundizar sus acciones con la participación unísona de estudiantes, docentes y el SITRAUNAH, por cuanto el atentado a su autonomía es parte del problema mayúsculo que afecta al territorio, a la soberanía, al Estado de derecho, a la vida misma del país, víctima de una conspiración tramada al más bajo nivel político, fáctico y mercantil. Un segundo petitorio viene al caso: que se agregue al currículo la clase y práctica de ética y civismo en todos los cursos y carreras, para que la institución cuide en extremo dar “productos” como el que dijo ser un aval desjuiciado de los feudos zonales.
