México, dividido por la polémica consulta de enjuiciar a expresidentes
Más de 93.6 millones de mexicanos están convocados a participar en la consulta popular sobre enjuiciar a los expresidentes por varios delito. (LASSERFOTO EFE)
Ciudad de México (EFE). México ultima los preparativos de la consulta popular del domingo sobre enjuiciar a los expresidentes del país por varios delitos, un proceso que divide a los mexicanos entre quienes creen que acabará con la impunidad y quienes se oponen a que la justicia se someta a las urnas.
“Más de 93.6 millones de mexicanos estamos convocados a participar en este inédito ejercicio de democracia participativa. Por primera vez en nuestra historia, se va a llevar a cabo una consulta popular a nivel federal”, expresó el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.
La consulta fue una promesa del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien como mandatario electo organizó un proceso similar para cancelar las obras del que iba a ser el nuevo aeropuerto capitalino.
Esta, sin embargo, será la primera que contará con garantías jurídicas y la participación de los organismos electorales, y sirve de antesala para la consulta de revocación de mandato del presidente convocada para el próximo año.
La pregunta de la consulta ha sido un intenso tema de debate, puesto que en un inicio proponía enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
López Obrador los señalaba por la corrupción, las desigualdades, las privatizaciones, los fraudes electorales o la guerra contra el narcotráfico, entre otros males.
Pero el Supremo modificó la pregunta y dejó un enunciado muy abierto que plantea a los mexicanos si quieren “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados”.
Aunque muchos consideran la pregunta poco clara, Ariadna Bahena, activista y promotora de la consulta, dijo a Efe que es “atinada” porque “los crímenes y las violaciones a derechos humanos no corresponden a una sola persona”, si no a varios actores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De todos modos, desde el inicio de la campaña el 15 de julio, los promotores vinculados al oficialismo han empapelado las calles con las caras de los exmandatarios.
Lo cierto es que ni el presidente ni nadie de su gobierno han explicado su plan en caso de que se imponga el ‘Sí’.
De todos modos el primer gran escollo será el de la participación, puesto que la ley exige que vote el 40% de los electores, 37 millones de mexicanos, para que el resultado sea vinculante, un reto titánico.
Además, por falta de recursos, el INE solo establecerá 57,000 mesas electorales, una cifra menor a las 163,000 de los últimos comicios.
