Periodista abandona Nicaragua por amenazas
Iván Olivares.
Managua . El periodista nicaragüense Iván Olivares informó el jueves que dejó el país luego de haber sido interrogado dos veces por el Ministerio Público por la causa que se ha abierto contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.
En una carta pública dirigida a la Fiscalía, el periodista del diario digital Confidencial y con 32 años de experiencia denunció que fue víctima de irregularidades en los interrogatorios y amenazas con que le aplicarían la Ley Especial de Ciberdelitos.
“Para poder seguir ejerciendo el periodismo en libertad, y en estricto apego a mi libertad de conciencia, a los valores profesionales y éticos que forman parte de mi compromiso con las audiencias nicaragüenses, he decidido poner en resguardo mi seguridad fuera del país, para seguir haciendo periodismo al servicio de la verdad”, explicó en el documento.
Olivares indicó que fue citado por la Fiscalía en dos ocasiones, el viernes 16 y el jueves 22 de julio pasados, y durante las entrevistas, conducidas por el fiscal Manuel Rugama, se le hicieron “preguntas e insinuaciones que me parecen ajenas al tema de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público”.
“En ambas citas noté que de forma sistemática el fiscal Rugama, representante del Estado, pretendió inmiscuirse en el fuero interno de mi actividad profesional”, afirmó.
“Además, en varias ocasiones intentó tergiversar mis palabras e incluso alterar mis declaraciones para que coincidieran con la narrativa oficial del Estado que busca estigmatizar y criminalizar la promoción y el ejercicio del periodismo independiente en Nicaragua”, sostuvo.
El periodista dijo que el fiscal Rugama también le advirtió que el ejercicio de su labor periodística “estaría reñida con la Ley Especial de Ciberdelitos” y que incluso le “presentó e intentó deslegitimar notas periodísticas de mi autoría que fueron publicadas antes que dicha ley estuviese en vigencia”.
Esa ley, que ha sido bautizada como “Ley Mordaza” o “Ley Bozal” por gremios periodísticos independientes, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”. (EFE)
