Creación de las ZEDE

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16 de agosto de 2021
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12:49 am
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Creación de las ZEDE

Edmundo Orellana

Los traidores a la patria decidieron reformar la Constitución y emitir la ley respectiva para crear las ZEDE, mecanismo por el cual se cede soberanía y territorio para que operen empresas que no tendrán obligación alguna con Honduras, bajo un régimen especial.

Según la ley, las ZEDE se crean “con el propósito de acelerar el cumplimiento de las metas del Plan de Nación”. Para alcanzar esas metas corresponde a las ZEDE insertar el país “en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas y estables”, mediante “la adopción de tecnologías que permitan producir con alto valor agregado, en un ambiente transparente y capaz de atraer las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales y dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública e infraestructura que permitan una mejora real en las condiciones de vida de los hondureños”.

Resulta difícil entender cómo las ZEDE lograrán alcanzar esas metas si no favorecerán en nada a los hondureños. Son circuitos cerrados, en los que solamente residirán quienes estén autorizados y los servicios (salud, educación y demás) serán suministrados a quienes en su interior habiten. Lo que se produzca será exportado o bien adquirido o disfrutado por quienes, autorizados por las ZEDE, habiten dentro de sus límites. Si en estas operan empresas industriales, solamente quienes intervengan en el proceso de producción residirán en el área; si son actividades financieras, solamente quienes realicen transacciones financieras podrán participar, aunque no residan en la zona. Y no pagarán impuestos a Honduras.

Los que habiten en las áreas contiguas no recibirán beneficio alguno y estarán expuestos a perder sus inmuebles vía expropiación, cuya indemnización pagará el Estado de Honduras con nuestros impuestos, para que los disfruten los empresarios cuyas empresas operen allí. Es más, será inevitable que los municipios, mutilados en sus respectivos términos municipales, tengan que enfrentar el problema de las aguas residuales y demás desechos (basura, por ejemplo) que expulsen desde las ZEDE, en cuyo caso, además de los costos que implique para la municipalidad, no se debe ignorar el perjuicio para los vecinos, particularmente si los desechos son tóxicos.
Las ZEDE se crean y operan bajo un régimen especial. La ley declara sujetas al régimen de las ZEDE “a las zonas con baja densidad poblacional de los municipios ubicados en los departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y el mar Caribe”, pero esa declaración no convierte automáticamente en ZEDE a esas zonas, como afirman sus promotores. Si así fuese, Amapala ya sería ZEDE, igual Puerto Cortés, Tela, Ceiba y Trujillo, sin necesidad de declararlas como tales.

Lo que pretenden ocultar, perversamente, es que la ley, en su artículo 38 dispone que cada ZEDE debe ser creada por el Congreso Nacional, incluso las de baja intensidad poblacional. Para estas, se exige, en cada caso, dictamen del INE certificando la condición de área de baja intensidad poblacional. Pero no basta esta certificación para que la ZEDE exista, porque el artículo citado dispone que esa certificación solo sirve para habilitar el siguiente paso: la creación de la ZEDE por el Congreso Nacional en el área certificada.

Ese paso aún no lo cumplen. El Comité de Buenas Prácticas, que funciona como “Comité de Malas Prácticas”, autoriza las ZEDE sin que el Congreso haya emitido el respectivo decreto creando las ZEDE. En otras palabras, usurpa atribuciones del Congreso atropellando el principio de legalidad, piedra angular del Estado de derecho, consagrado en nuestra Constitución en los términos siguientes: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. Repare, estimado lector, qué dice “expresamente”

Del Congreso Nacional no esperamos nada, porque la oposición nada ha hecho para promover la investigación sobre ese crimen de lesa patria. La proximidad de las elecciones los aturde y no son capaces de pensar en otra cosa. Están en “modo electoral”.

La opción que nos queda es el Ministerio Público. Es su deber porque se lo impone la Constitución. Está frente a un hecho notorio. Las ZEDE se están autorizando ilegalmente, operan y causan gravísimos daños al país, y todo ello es de conocimiento público. De no actuar, tendrá que asumir las consecuencias de su omisión. ¿Qué espera? ¿Qué cree usted, estimado lector? ¿Procederá el Ministerio Público contra los que están mutilando la patria? Cada día que pasa tenemos menos soberanía y menos territorio. Ya no podemos esperar y solo el Ministerio Público tiene la clave, no para revertir, sino para impedir que sigamos perdiendo soberanía y territorio. Exijámosle, pues, que cumpla con su mandato constitucional, diciendo con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

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