Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos

La autodeterminación de los pueblos implica nuevas formas de expresión democráticas en Latinoamérica, que, en el caso de los gobiernos de derecha, buscan la preservación del sistema capitalista, amenazado constantemente por la izquierda internacional y local.

El fenómeno reelectoral en Latinoamérica es condicionado por necesidades de contexto social y económico de cada país, su realidad y coyuntura, dichos procesos de reformas no responden necesariamente a los intereses políticos de quienes los adversan actualmente; y de ahí parte la hipocresía política, porque cuando la izquierda buscó en Honduras la reelección indefinida a través de la “cuarta urna”, era lo más legal y legítimo para sus adeptos, sin embargo cuando en el gobierno nacionalista se reforma la Carta Magna y se aprueba la reelección por las vías legales correspondientes, satanizaron el hecho, construyendo una apología de odio social extremista.
¡Entonces! ¿Cuál es la verdad, qué es bueno o malo, o depende de quién se trate?¿solo exigimos y reconocemos derechos humanos cuando nos conviene? y ¿dónde quedó el pueblo y su necesidad?, ¿de qué sirve la agitación social liderada por la oposición? solo son carne de cañón para levantar banderas de lucha política, ¿cómo están los líderes de la oposición hoy?, negociando, felices y seguros, ¿y usted, cómo está, cómo conseguirá resolver sus deudas, enfermedades y demás carencias? con violencia, lo veo poco probable.

Por eso, debemos tener responsabilidad en la perspectiva para abordar este tema, no se debe manipular el asunto de la reelección, no se puede ver a Honduras aislada del comportamiento político regional, sobre todo por nuestra posición en el mapa, por ejemplo, para finales del siglo XX, la mayoría de los países latinoamericanos habían establecido esquemas de reelección diferida (no consecutiva o no inmediata) del cargo de presidente; según el cual un expresidente puede ser reelegido para un nuevo mandato, siempre que haya transcurrido uno (o dos) períodos de gobierno durante los cuales no puede presentarse como candidato. Para el año 1998, países como Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y Uruguay permitían la reelección tras un período. Mientras que Nicaragua (1998) y Panamá exigían un intervalo de dos períodos (Nohlen et. al. 2007: 289-90).

En algunos otros países la reelección presidencial estaba proscrita en dos de sus variantes más importantes: la no reelección inmediata (o consecutiva), como en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela y la no reelección definitiva (o prohibición absoluta) en países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay (Nohlen et. al. 2007: 289) . https://reformaspoliticas.org/reformas/presidentes-y-congresos/la-reeleccion-presidencial-en-america-latina/

Las “regresiones de garantías de derechos humanos”, gestadas en contextos agudizados por la pandemia, la violencia, la pobreza y la corrupción, aumentaron el conflicto y la desintegración del tejido social. Y de este escenario surge lo que yo llamo, “nuevas formas de expresión democráticas para la preservación del sistema capitalista en Latinoamérica”, es decir, aquellas formas de gobierno ajustadas dentro de la esfera democrática, republicana y de derecho, que flexibilizan el rango de la democracia, en las cuáles no incluyo, lógicamente a los gobiernos de ideología izquierdista, que lejos de generar condiciones de desarrollo sostenible, las degradaron a cero (ejemplos Venezuela, Cuba, etc.).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 14 de agosto de este año, estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, asimismo afirmó que “La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos”. Y es correcto, de hecho, al no postularse nuevamente como candidato presidencial el actual Presidente de Honduras abogado Juan Orlando Hernández demuestra una férrea voluntad de respeto al principio de alternabilidad en el poder público, lo que sin duda alguna fortalece la democracia en nuestro país.

Y por supuesto que el derecho a reelegirse no es autónomo, porque está condicionado por la voluntad soberana del pueblo, que es quien finalmente decide qué gobernantes serán garantes del respeto, protección y satisfacción de sus derechos humanos. La reelección tiene como consecuencia positiva el aumento del período para gobernar, el cual permite impactar sustancialmente a las poblaciones más vulnerables de los países de la región, el problema entonces, a la luz de lo expresado por la Corte IDH, no es en sí “la reelección”, es la ausencia de reglamentación para establecerle un período de tiempo que asegure su límite y el cumplimiento del deber público para el bienestar social.