Carolina Alduvín
Por: Carolina Alduvín
La costa de Mosquitos, también llamada Mosquitia, es un área selvática ubicada en la costa del Caribe de Honduras y Nicaragua. Tradicionalmente relegada por los gobiernos, tanto coloniales como republicanos, se ha mantenido al margen del poco o mucho desarrollo logrado en el resto del territorio; su aislamiento, había permitido al menos hasta mediados del siglo pasado que la zona mantuviera una relativa autonomía con respecto a las autoridades centrales, conservado el estilo de vida ancestral de sus habitantes indígenas y la vegetación selvática original, al no ser alcanzada por las prácticas agrícolas y ganaderas de los conquistadores españoles o sus descendientes mestizos. También ha hecho muy difícil el acceso a la educación, la salud, otros servicios básicos y al desarrollo en general, a sus habitantes.
En 1981, del lado hondureño de la zona, el Programa Hombre y Biósfera (MaB) de la UNESCO, declaró a la Biósfera del Río Plátano, lugar de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Dicho programa científico intergubernamental, busca establecer una base científica para mejorar la relación global de las personas con su entorno y propone una agenda de investigación interdisciplinaria y de fomento de la capacidad centrada en las dimensiones ecológicas, sociales y económicas de la reducción y pérdida de la diversidad biológica. Más adelante, se declararon otras áreas protegidas contiguas como la Reserva Tawahka-Asangni.
Durante las décadas que han transcurrido, la frontera agrícola y ganadera se ha ido extendiendo, principalmente desde el departamento de Olancho y gracias a algunas políticas de reubicación del gobierno con el propósito de aliviar la presión sobre la tierra en otras regiones del país. Por su parte, los madereros, casi siempre de manera ilegal, se han encargado de ir abriendo brechas para favorecer sus actividades extractivas, detrás de ellos llegan los ganaderos a quemar lo poco que no se llevaron los talamontes, prácticamente de la mano van igual los agricultores, las tierras no son aptas para sostener más de 2 ó 3 ciclos de cultivo. Más adelante, los narcotraficantes sentaron sus reales y digan lo que digan, cambiaron las tendencias económicas.
Además de las pistas de aterrizaje clandestinas para las narcoavionetas -que los militares supuestamente destruyen- y que los delincuentes rehabilitan en cuanto los uniformados vuelven la espalda, hoy se dice que están financiando una carretera igualmente al margen de la ley, para facilitar sus actividades económicas para lavar las ganancias de su criminal actividad. Algunos pobladores y quienes dicen representarlos, se han pronunciado a favor de tal obra de infraestructura no gubernamental, bajo la premisa de facilitar traslados de enfermos graves a los lejanos centros de salud, dada la dificultad o altísimos costos de transportarlos por otros medios. Aseguran que los traficantes de drogas no tienen nada que ver; es más, afirman sin ruborizarse que ojalá los delincuentes les financiaran tal iniciativa ciudadana y retan a quienes formulan acusaciones a demostrar que la plata proviene de tal actividad delictiva.
Sabemos que el poder adquisitivo de los pobladores del área es precario, la pregunta entonces es: ¿quiénes además de los narcotraficantes tienen el dinero necesario para financiar una enorme carretera? Para hacerla avanzar en completa ilegalidad, sin estudios, sin permisos, sin licencias ambientales, sin licitaciones y atravesando por áreas protegidas. Los colegios de ingenieros forestales y biólogos, preocupados por la sostenibilidad de las áreas protegidas en el tiempo, por la conservación de la biodiversidad que aún no se describe ni se cataloga y por el desarrollo ordenado de la economía de los pobladores locales, se han pronunciado en contra de la obra por la amenaza que representa a la integridad de los bosques nativos y los recursos que encierra, mientras que el ICF, se limita a redactar comunicados ambiguos que en nada ayudan.
Sin embargo, en redes sociales vemos desalojos a pobladores que viven en la miseria, ocurridos la semana anterior, con la participación de numerosos elementos del Ejército, diciendo que se limitan a cumplir las órdenes de un juez, a raíz de delitos ambientales denunciados. El alcalde de la localidad ha dado un mínimo apoyo humanitario a los desalojados. Es necesaria una investigación sobre lo que ocurre en esa aislada zona, para al menos entender los intereses que se mueven ante tan inhumanas acciones en contra de los más vulnerables y no contra lo ilegal.
