El fracaso decretado a las empresas públicas
Rafael Delgado Elvir
El colapso de las empresas públicas del país tiene múltiples causas. Pero entre las más importantes está la decisión explícita al más alto nivel político y empresarial que estas no caben más en el panorama del país. De enviar ese mensaje sobre la corta vida que les espera, se han encargado los mismos altos funcionarios y los diputados con cada nueva ley, contrato o préstamo que han aprobado. Por ello no es de sorprenderse que las cosas han tomado un rumbo cada vez más acelerado, precisamente porque en el ambiente empresarial se sabe que se está tratando con alguien que tiene los días contados. Se sabe que los que dirigen las empresas prácticamente se vuelven sus liquidadores, a quienes más les interesa implementar los planes que recortan y disminuyen el alcance de la misma empresa. Por ello, proveedores como clientes, sabiendo el funesto futuro decretado, intentan sacarle lo que queda a la institución a través de dudosos contratos y convenios acelerando el deterioro y acortando la fecha de la muerte anunciada.
Es algo bastante notorio a nivel internacional que las empresas en propiedad del Estado, aún en manos de los mejores administradores públicos, jamás lograrán los altos niveles de rentabilidad que obtienen empresas similares en manos del capital privado. Esto tiene sus razones en la misión y visión que las mismas instituciones públicas poseen; en la decisión política de hacer accesible y proveer a precios bajos algunos bienes que se consideran meritorios. Bajo esos criterios las prioridades cambian y los resultados financieros padecen. Pero otra cosa muy diferente es asaltar las empresas públicas para ponerlas al servicio de los intereses de los pequeños grupos políticos y económicos. En ese esquema, las empresas públicas pierden no solamente su visión de rentabilidad, sino también su sentido de compensación social, para convertirse en lo que nosotros popularmente llamamos la piñata, a la que todos los invitados a la fiesta tienen oportunidad de darle un par de garrotazos para sacarle lo máximo posible.
Lógicamente que bajo esos constantes golpes ninguna empresa pública, ni en competencia ni bajo las condiciones de un monopolio puede sobrevivir. Por ello pasado el tiempo, las mismas cúpulas que por décadas han sido las responsables del desastre de la ENEE y Hondutel, declaran cínicamente que las empresas públicas no sirven y que por lo tanto deben ser liquidadas o convertidas a su mínima expresión para dar lugar a algo más competitivo y más eficiente.
Desde el Capítulo Noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas hemos analizado y vertido nuestra opinión respecto a la situación de la ENEE. Hace dos años lo hicimos y solicitábamos, mediante un comunicado público, una exhaustiva e independiente revisión de todos los contratos de compra de energía eléctrica adjudicados en los últimos gobiernos para identificar todos aquellos contratos y cláusulas que van abiertamente en perjuicio de la salud financiera de la ENEE y del Estado de Honduras. Pedíamos exigirle a EEH el cumplimiento del plan de reducción de todas las pérdidas técnicas y no técnicas del sistema que tomaban dimensiones de más del 35% de toda la energía comprada. Alertábamos que endeudarse más o incrementar tarifas sin haber eliminado la corrupción, el despilfarro, los sobreprecios en la compra de energía y en la ejecución de los proyectos de inversión solamente comprobaría la inmunidad de la que gozan las redes de corrupción en el país y cargar al Estado con el costo de tales desmanes. Exigíamos un plan de reactivación de las plantas propias de la ENEE para poner en funcionamiento toda la capacidad instalada de las plantas de generación eléctrica en manos de la estatal eléctrica. Sin embargo, nada ha pasado para bien de la institución pública ya que del caos imperante ganaron ciertos sectores. Y con la declaratoria de muerte de la ENEE se espera finalmente haber liquidado un actor clave del creciente mercado de la energía eléctrica.
