Ceteris Paribus
Por: Julio Raudales
Economista y sociólogo, vicerrector de la UNAH.
Nefelibata era el apelativo que el laureado poeta español Juan Ramón Jimenez utilizba para calificar a su homólogo, el gran portaliras nicaragüense Rubén Darío; “habitante de las nubes” es el significado exacto del adjetivo.
Hoy he usado ese nombre melifluo para juzgar la triste suerte de los hondureños, merced a la actitud de los administradores del erario en lo referente al control aéreo del país, a propósito de ciertas cosas que se han estado ventilando en la prensa.
Resulta que la empresa consesionaria del aeropuerto que próximamente iniciará operaciones en Palmerola, Comayagua, solicitó hace algunos días a la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP), una ampliación del plazo y espectro aeroportuario a administrar.
Parece que querían, al menos eso dicen los diarios, que la concesión se extienda mas allá de los 34 años y medio que estipula el contrato, pero que además se le permitiera administrar la carga que llegará al aeropuerto de San Pedro Sula, con lo cual, se extendería a tres las terminales a manejar, ya que antes se le había concedido la de Toncontín.
¿Por qué pide tanto la empresa concesionaria? Pues porque dicen haber hecho números y llegado a la conclusion de que la COVID les obliga a recalibrar su modelo para encontrar un nuevo punto de equilibrio, el cual ahora requerirá mayores ingresos, si es que quieren tener ganancias. O sea, no se trata de un asunto de mercadeo, o de control de gastos, o de eficiencia en el servicio, sino, de que papá gobierno les provea por su falta de capacidades gerenciales.
¡Qué rico sería que todos los emprendedores tuvieran la posibilidad de salvaguardar las posibles pérdidas que la contingencia les depara, con solo solicitar al gobierno que les ayude! Pues pareciera que esa es la forma en que inveteradamente hacen negocio ciertas compañías en Honduras.
¡Patada y mordida! Suele decir la gente de mi barrio. Por eso es que el mecanismo de alianzas público-privadas tiene tan mala fama en nuestros países. Ahora resulta que a la opacidad y pésima gestión que ha acompañado siempre la estructuración de estos procesos, debemos sumar el protectorado expreso de quienes pagamos impuestos, cuya gran mayoría ni siquiera usará el aeropuerto, para que la “pobre empresa rica” no se nos vaya a descalabrar.
¿Pero qué hay en el fondo? ¿Por qué percibe la compañía alemana que manejará el aeropuerto de Palmerola que las cosas podrían no ir bien en las más de tres décadas que tendrá la concesión del proyecto?
Bueno, pues seguramente se limitan a visualizar las tremendas limitantes que el país tiene en su competitividad aérea: por alguna razón, no tan desconocida, viene muy poca gente a nuestro país.
Imagínese usted, a Panamá, que tiene un solo aeropuerto internacional, llegan más de 6 millones de personas por año; a El Salvador, que también tiene uno solo, llegan 4.5 millones de viajeros; al Juan Santa María de San José, 4.2 millones de personas por año y aunque el Aurora de Guatemala y el Sandino de Nicaragua captan menos gente, tienen un movimiento anual de 2 y 1.5 millones.
Pues resulta que Honduras, el país más bonito de Centroamérica -lo digo en serio- que es además, el único que tiene 3 aeropuertos internacionales, con una posición geográfica envidiable, dos polos de desarrollo, gente linda, potencial turístico de playa, montaña y arqueología, exhibe el triste número de apenas 600 mil visitantes al año. ¿Pero qué pasa?
Bueno pues, muy simple: al hecho de que exhibimos indicadores de violencia elevados, una incertidumbre dañina a las espectativas de los inversionistas, clima de negocios adverso con terribles trámites y trabas burocráticas, una alta percepción de corrupción pública y un sistema de servicios de salud y educación ineficientes, hay que sumar que continuaremos cobrando los precios más caros de la región a quienes tengan o quieran visitar nuestro país (más de 60 dólares de impuestos aeroportuarios) ¡Terrible manera de hacer negocios en contra de la gente!
Ese y no otro, es el camino tortuoso que deberá atravesar nuestro país mientras siga siendo administrado por personajes que, lejos de pensar en el bien común, vean la administración pública como una fuente de riquezas. Las APP son un innovador instrumento para transparentar, hacer más eficiente y mejorar la calidad de los servicios públicos, pero en Honduras se han vulgarizado, como casi todo que tiene que ver con el erario.
Es tiempo de cambiar, de poner al frente del interés colectivo, a personas que tengan clara que la misión del servidor es poner su talento al servicio de la gente y no de los intereses mezquinos. Pero que además, quien quiera emprender un negocio, lo haga consciente de que debe enfrentar un riesgo y que este será menor, cuando el Estado garantice competencia, transparencia y eficiencia.
