Por: Irving Guerrero
Ex Secretario de Industria y Comercio
El sistema de agua de la capital ha estado permanentemente secuestrado por los políticos y por el sindicato por más de 50 años; ambos son los que han causado el desastre en el sistema de agua de la ciudad. Y la comunidad lo ha permitido. En promedio anual; el SANAA, en Tegucigalpa, potabiliza cerca de 50 millones de metros cúbicos; con pérdidas de 15% cada capitalino podría tener aproximadamente 140 litros de agua por día. En base a datos disponibles en la web, podemos notar que hay varias ciudades en Latinoamérica que prestan servicio continuo, 365 días al año, sin racionamientos y con pocas intermitencias, tal es el caso de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, en Colombia, y Querétaro y Guanajuato en México.
Si tuviéramos buena gestión del recurso, no tendríamos que pasar por los severos racionamientos con los que nos hemos acostumbrado a vivir. Una buena gestión depende de un gerenciamiento profesional, imposible con el SANAA, si vemos que en sus años de existencia, ha tenido más de 26 diferentes gerentes, uno nuevo cada dos años. Los frecuentes cambios de dirección se deben a la politización del sistema; los gerentes se cambian con los vientos políticos y siempre bajo la vigilia del sindicato, cuya meta es preservar sus puestos de trabajo y sus prestaciones laborales. Ninguno, ni el sindicato, ni los políticos, han administrado el SANAA con la intención de mejorar el servicio.
El sindicato ha politizado el tema, dedicándose a difundir entre la población que el agua es un tipo de derecho divino y que ellos solo son los garantes del mismo. Además, han satanizado la municipalización indicando una serie de mentiras. El traspaso a la municipalidad no significa que habrá privatización, la transferencia de los bienes del SANAA, se hará hacia otra institución del Estado que es la municipalidad. Los activos no están siendo transferidos a empresas privadas por lo cual el término de privatización no cabe. Además, la misma Ley Marco indica que la titularidad, responsabilidad de la prestación del servicio, es permanente e intransferible y corresponde a la municipalidad.
Tampoco el uso de medidores de agua significa la privatización, ya que el objetivo de medir el consumo es que cada quien pague exactamente el agua que gasta. Otra falacia es decir que la municipalización del agua traerá incremento en las tarifas; esto no es del todo cierto, pues hoy en día los más pobres son los que pagan más por el agua mientras que los barrios donde existe servicio continuo y medición es donde se paga menos el agua. La razón es bien sencilla, los barrios en desarrollo reciben servicio por medio de carros cisterna, o tanques comunitarios, que son caros de operar; los que están conectados al sistema pagan menos. Si habrá incrementos será para subsidios cruzados que la ley permite.
Es obvio que habrá despidos en la estructura de personal que hoy tiene el SANAA. De aproximadamente 1,700 trabajadores, todo indica que lo razonable es aproximadamente 800 trabajadores. Menos personal liberará recursos para poder invertir. La ley manda que el pago de las prestaciones le corresponde al gobierno central, por medio de la Secretaría de Finanzas.
Para poder dar servicio a todos los barrios y colonias es necesario invertir en infraestructura, esa inversión le corresponde al mismo sistema de agua y no al gobierno central. La única forma de hacer esa inversión es si el precio que se paga por el agua incluye las inversiones necesarias, así como los costos de mantener el sistema en base a estándares internacionalmente aceptables. Lo anterior no puede funcionar sin la participación ciudadana. Hace años funcionaba el Frente Ciudadano del Agua, en el seno de la Cámara de Comercio. Este ente fue funcional para vigilar el traspaso y modernización del sistema de agua de la capital, hasta que fue politizado por su cúpula. Decidieron temerle al alcalde quien se había hecho para atrás pues modernizar un sistema de agua requiere de capital político. El entonces alcalde decidió que su capital político sería utilizado para ganar las elecciones internas de su partido, cosa que no sucedió y la ciudad perdió la oportunidad de modernizar su sistema de agua.
Este y el próximo alcalde deben asegurarse que exista un ente comunitario, que junto a la municipalidad, participen en la definición y difusión del modelo de gestión. No es legal que los activos pasen a un ente privado, la ley no lo permite, el que lo diga es mentiroso o ignorante. Se requiere la participación ciudadana, en un ente bien organizado, con personas con credibilidad, dejar a los políticos y al sindicato que se pongan de acuerdo es la receta del fracaso de nuestro sistema de agua.
