¿A QUIÉN LE IMPORTA?

¿A quién le importa si en el decreto del presupuesto especial para adquisición de insumos tecnológicos metieron semejante soga para dejar el organismo electoral atado a una oficina gubernamental? Pues en primera instancia le incumbe al pueblo hondureño que aspira a elecciones limpias, honestas, confiables, que sean horizonte de salida a esta crisis que se padece. Pero también debiese importar a los mismos diputados. De lo contrario, todo ese esfuerzo que hicieron de reformas constitucionales, para crear un CNE distinto a lo acostumbrado, quedaría en apangada. Un simulacro para tapar el ojo al macho. Es la confianza perdida de la ciudadanía en las instituciones electorales lo que debe rescatarse. Nada prestigian cambios cosméticos de nombre al organismo, si no tienen intención de respetar su condición soberana, su competencia, facultades y atribuciones.

Este es el nuevo organismo electoral creado virtud de las reformas constitucionales: “El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano especial, autónomo e independiente, sin relaciones de subordinación a los Poderes del Estado, creado en la Constitución de la República, con competencia exclusiva para efectuar los actos y procedimientos administrativos y técnicos de las elecciones internas, primarias, generales, plebiscito y referéndum o consultas ciudadanas”. La enraizada falta de confianza deriva de algo muy sencillo. Una cosa es lo que manda la ley y otra distinta lo que los políticos y los partidos quieren que sea. Fingen haber superado etapas pasadas, pero quieren entidades manejables y obedientes a sus intereses. Lo que ha hecho la diferencia en esta ocasión es que las concejales que eligieron –quizás suponiendo que se comportarían parecido a otros tiempos– no salieron para nada como presumían. Tomaron en serio la independencia y dotar de mayor credibilidad a la institución encomendada. Dispuestas a no dejarse jetear y a enfrentarse –digna y valientemente– de ser necesario, al poder político manipulador. Y por su carácter indócil frente a lo irregular, han sido víctimas de groseros ataques lesivos a su honorabilidad. Pero la realidad es que ha sido más bien esa actitud decorosa de mujeres aguerridas lo que está devolviendo cierto nivel de confianza al imaginario popular. Y por supuesto que ello incomoda a políticos a los que se les escapa de las manos el control de los hilos que antes manejaban. Si en las primarias no sacaron nueva Ley Electoral –el CNE tuvo que hacer milagros para con los remiendos montar una elección exitosa– esta vez tardaron mes y medio sin aprobar presupuesto para la adquisición de “bonitos” tecnológicos incluidos en la ley, en aras dizque de mayor transparencia.

¿Por qué obstaculizaron la urgente necesidad de lanzar los procesos de adquisición arriesgando el suministro de los sistemas informáticos y de seguridad necesarios? Por travesura de los dictaminadores –colocando ratoneras– intentando reformar la Ley Electoral recién emitida. Sin embargo la defensa de las aguerridas y la presión de la opinión pública, atajaron varias de las pretensiones. No todas. Quedó una colita –como desquite– vulnerando la autonomía constitucional del organismo. Lo dejaron –para el manejo presupuestario– como llavero de una oficina pública. Ello es indebidamente sometida a los rigores de las instituciones centralizadas y descentralizadas. Obviamente que el CNE no cae en esa categoría. Su independencia y autonomía constitucional es equivalente a la que gozan los demás órganos de jerarquía superior. El Congreso, el CNE, el TJE, el Poder Judicial, el MP, el TSC, la PGR, entre otros, son órganos “sin adscripción específica” –como dictaminó la Procuraduría General de la República–“es decir que no forman parte de la administración centralizada y descentralizada del Estado”. Y por lo tanto “en lo concerniente a su presupuesto este debe ser considerado autónomo, atendiendo la autonomía administrativa, financiera, técnica y presupuestaria de la que están dotados según la Constitución de la República; no pudiendo ser equiparados con los sujetos del Gobierno Central, y los procedimientos técnicos y administrativos que corresponden a la Administración Pública, en virtud que la autonomía de un órgano constitucional no puede afectarse indirectamente por la aplicación de normas presupuestarias de inferior jerarquía”. (En otras palabras, un ente como Finanzas y las oficinas subsidiarias son de jerarquía inferior a cualquiera de los órganos autónomos de rango constitucional. Y un órgano de jerarquía superior no puede estar supeditado a criterios de uno inferior. Sí, al cumplimiento de la ley). En conclusión, plancharon con el entuerto del decreto, y su derogatoria, como honrosa rectificación de los diputados, es lo que cabe.