Cláusulas de confidencialidad en contratos de vacunas con farmacéuticas
Por: José Rolando Sarmiento Rosales
De inmediato que se conoció en Honduras la disponibilidad de las industrias farmacéuticas para que los países adquirieran sus vacunas, surgió información en relación a cláusulas de reserva de información o confidencialidad en los contratos a suscribir, indicando que si no se aceptaban y firmaban en estas condiciones, los gobiernos solicitantes se quedarían sin recibir los pedidos necesarios para cubrir las dosis de vacunación para la protección de sus habitantes del coronavirus; este aspecto lo confirmamos ahora en una publicación en The New York Times del 1 de febrero del 2021, donde leemos que los gobiernos europeos y de Estados Unidos se han visto obligados a aceptarlas y firmar los contratos en estas condiciones de confidencialidad o reserva de información.
“Además de que a los fabricantes de los medicamentos se les garantiza que gran parte de los acuerdos no se divulgarán, los contratos multimillonarios les brindan cláusulas de protección de responsabilidad, la propiedad de las patentes y margen de maniobra en las fechas de entrega y los precios. En Bruselas cuando los miembros del Parlamento Europeo se reunieron para leer el primer contrato públicamente disponible para la compra de vacunas contra la COVID-19, notaron que faltaba algo. De hecho, faltaban muchas cosas. ¿El precio por dosis? Censurado. ¿El calendario de entrega? Censurado. ¿La cantidad de dinero pagado por adelantado? Censurada. Y ese contrato, entre la empresa farmacéutica alemana CureVac y la Unión Europea, es considerado como uno de los más transparentes del mundo.
Los gobiernos han invertido miles de millones de dólares para ayudar a las compañías farmacéuticas a desarrollar vacunas y están gastando miles de millones más para comprar las dosis. Pero la mayoría de los detalles de los acuerdos con esas empresas siguen siendo secretos. Los gobiernos y las organizaciones de salud pública han accedido a las exigencias de las farmacéuticas que piden mantener los pormenores en secreto. Sin embargo, los documentos disponibles sugieren que las compañías farmacéuticas exigieron y obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal”.
“Los gobiernos están firmando al menos tres tipos de acuerdos de vacunas: algunos les compran directamente a las empresas farmacéuticas. Otros compran a través de organismos regionales como la Unión Europea o la Unión Africana. Muchos recurrirán al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (COVAX), una alianza de más de 190 países que está comprándoles a las farmacéuticas con el objetivo de que las vacunas estén disponibles en todo el mundo -en especial en los países pobres- de manera gratuita o a un costo reducido. Algunos gobiernos han firmado acuerdos tanto con fabricantes como con COVAX. Estados Unidos ha reservado 400 millones de dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, una cantidad suficiente para 200 millones de personas, y está cerca de ordenar 200 millones de dosis adicionales para el verano, con opciones para comprar hasta 500 millones más. COVAX dice que tiene acuerdos por poco más de 2,000 millones de dosis de vacunas, aunque también mantiene sus contratos en secreto”.
“A pesar del secretismo, algunos documentos gubernamentales y normativos, declaraciones públicas, entrevistas y deslices ocasionales han revelado algunos detalles importantes sobre los acuerdos de vacunas. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Uno de los términos clave de los contratos de las vacunas -el precio por dosis- está censurado con frecuencia en las versiones públicas de los contratos gubernamentales. Las empresas lo consideran un secreto comercial. Algunas farmacéuticas han incluido cláusulas en sus contratos de suministro que les permiten suspender las entregas si los países revelan el precio. Al insistir en que sus precios sigan siendo confidenciales, los fabricantes tienen la ventaja sobre los negociadores de los gobiernos, que no saben cuánto están pagando los otros países. Aunque los gobiernos aceptaron esa disposición, ciertas filtraciones e informes oficiales muestran algunas de las disparidades. Según informes de los medios, la Comisión Europea pagó 2.19 dólares por cada dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, mientras que Sudáfrica pagó más del doble, 5.25 dólares.
En Estados Unidos, las compañías farmacéuticas están protegidas de casi toda responsabilidad si sus vacunas no funcionan o causan efectos secundarios graves. El gobierno amparó a los fabricantes de medicamentos para tratar la COVID-19 bajo la Ley de Preparación Pública ante Emergencias, una medida de 2005 destinada a acelerar el acceso a fármacos durante emergencias sanitarias. Eso significa que las personas no pueden demandar a las compañías, incluso en casos de negligencia o imprudencia”. Las únicas excepciones son casos de “abuso intencional” comprobado.
