Rodolfo Dumas Castillo
Hace algunos días nuevamente recibimos noticiasnsobre las “olas” de basura provenientes de Guatemala que inundan las playas de nuestro país, especialmente en la zona norte, las que resultan mortíferas para el ambiente y lesivas para nuestra economía. El gobierno hondureño poco o nada hace para defendernos de esa agresión permanente a nuestros ecosistemas y el guatemalteco no parece muy preocupado por remediarla. Íntimamente relacionado con lo anterior, recientemente conocimos los esfuerzos que realiza un grupo de juristas por incorporar en la legislación internacional el delito de ecocidio. Se trata de una iniciativa que busca combatir la impunidad de las infracciones ambientales, reconociendo que estas nos perjudican a todos y que se trata de un tema que no puede depender únicamente de los gobiernos.
Los juristas, agrupados en la organización Stop Ecocide, proponen defi nir el ecocidio como “los actos ilícitos y arbitrarios cometidos sabiendo que existe una probabilidad sustancial que, como resultado de estos, se produzcan daños severos, extensos o duraderos al ambiente”. Actualmente existen cuatro delitos reconocidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI): genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Asimismo, el artículo 25(i) del Estatuto restringe la jurisdicción de la CPI a personas naturales, lo que implica que no puede perseguir o investigar a gobiernos o corporaciones, pero sí a los individuos que los componen. De agregarse el ecocidio como un crimen internacional, cualquier responsabilidad penal recaería sobre los directores de empresas o funcionarios de gobiernos que hayan permitido o contribuido de cualquier forma con esos daños, por acción u omisión, o que no hayan implementado las medidas necesarias de restablecimiento o protección ambiental.
Actualmente no existen sanciones penales a nivel internacional para castigar las catástrofes ambientales causadas por los humanos, por lo que esta sería una reforma fundamental y una manera de que la institucionalidad jurídica internacional proporcione fuerza ejecutoria a los pactos mundiales, como el Acuerdo de París. Llegaría en un momento crítico para la humanidad pues los últimos informes técnicos nos advierten que nuestro planeta se acerca a un punto del que no podrá recuperarse si no se toman medidas drásticas y urgentes para controlar el avance y los efectos del cambio climático. La penalización del ecocidio marcaría una especie de “frontera moral” que no se podría cruzar en perjuicio del ambiente y se convertiría en disuasivo efi caz al castigar una infracción que principalmente es de naturaleza empresarial. Los administradores de las corporaciones se esforzarían por evitarlo por razones personales, por la reputación de sus empresas y por enmarcarse en las regulaciones sobre cumplimiento corporativo (compliance) que ahora son esenciales en el mundo de los negocios. Ese nivel de responsabilidad también podría incentivarlos a implementar métodos de producción más sostenibles y amigables con el ambiente.
Esperamos que esta iniciativa tenga éxito y se convierta en valiosa herramienta para nuestra cruzada existencial; una potente arma en la guerra contra el delito de mayor impacto en nuestras vidas y para el futuro de la humanidad; un poderoso mecanismo para prevenir el holocausto climático.
