Por: Edgardo Rodríguez
Se ha hecho público una nueva denuncia contra las acciones “extrañas” efectuadas en el Consejo Nacional Electoral, por las concejales, Ana Paola Hall y Rixi Ramona Moncada, en la contratación de la empresa que debería encargarse del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Provisionales (TREP), para las elecciones del próximo mes de noviembre. Los expertos en materia electoral descubrieron la maniobra al contratar de forma irregular a una empresa sudamericana llamada Grupo MSA S.A., que no acreditó la experiencia en las labores para las cuales se le contrató y que claramente se señalaron en las bases de licitación, a la que se convocó en semanas anteriores.
Se han hecho públicas las evidencias que se trata de una empresa “piruja”, sin el perfil que el TREP requiere. Esa supuesta empresa presentó documentos amañados e incluso otros aparentemente falsificados y tampoco acreditó, en debida forma, los estándares técnicos requeridos para dicho trabajo. Según los denunciantes, se detectaron sospechosos contactos, previos al proceso de licitación, entre la firma y una de las altas funcionarias del Consejo, ello para manejar la transmisión de resultados sin contar con todos los requisitos de ley.
Entre varias de las pruebas en contra de la empresa sudamericana, llamada Grupo MSA S.A., se muestra un documento, supuestamente para avalar su experiencia en procesos electorales, mismo que se autenticó con fecha anterior a la emisión de la misma constancia. Es decir, el 26 de julio de 2017, se emite una Constancia que acredita la supuesta experiencia de la empresa en prestar servicios electorales a nivel local, no nacional, en la ciudad de Neuquén, Argentina, pero la auténtica es del 5 de abril de 2017. Lo cual constituye una enorme irregularidad que invalida dicho documento. No siendo suficiente con esa anomalía, el llamado Grupo MSA S.A., además, no acreditó ante el CNE tener experiencia de escaneo y transmisión de resultados electorales a nivel de todo un país, ya que de forma dudosa lo que muestra es solo a nivel municipal o local. Tampoco presentó documentos originales que respalden su supuesta experiencia, lo cual también contradice lo establecido en los reglamentos elaborados para las contrataciones de dichas empresas.
Y para terminar de poner en precario el contrato del TREP, la supuesta empresa, Grupo MSA, aún no ha presentado ante el CNE otro requisito fundamental e indispensable para que se termine de concretar el acuerdo de ejecución del TREP y es que a esta fecha no cuentan con las garantías bancarias que exige la ley. Ante la falta de ese otro requerimiento básico la señora Rixi Ramona declaró a la prensa nacional que la “oligarquía hondureña” los está obstaculizando, bueno, esa es una explicación mediocre de un proceso que todos sabemos que es muy delicado y que si las entidades bancarias detectan la mínima irregularidad no lo avalarán. Recordemos que se trata de una transacción de 441 millones de lempiras, y por tanto, requiere máximo rigor legal para que sea totalmente concretado.
Desde inicios de año se viene manifestando una serie de acciones irregulares, que hoy están poniendo en serio riesgo el manejo profesional y transparente de las elecciones. El no haber querido implementar el TREP para las elecciones primarias, fue un acto premeditado, que tiene graves implicaciones para las elecciones generales. Si se hubiera aplicado en marzo ya se tendría esa compañía contratada para la siguiente y última fase del cronograma electoral. Pero aquí algo se está tramando, dentro y fuera del CNE, esto huele muy mal, las fuerzas que controlan el Consejo pareciera que están alineando sus acciones para ganar las elecciones a como dé lugar, incluido el fraude y el uso de la fuerza, como es la costumbre de algunos sectores izquierdistas.
Es imperativo que la sociedad civil abandone la pasmada pasividad e inicie acciones claras para frenar la crisis que se avecina, misma que tiene claros protagonistas dentro del CNE. También esperaríamos que de oficio el Consejo Nacional Anticorrupción inicie investigaciones independientes sobre esa ilegal contratación de la empresa que manejaría el TREP, lo mismo el Ministerio Público, debe actuar. Así las cosas, existe la clara posibilidad que no se implemente el TREP y tengamos que contar acta por acta, llevando el escrutinio final a un período de un mes, con el peligro de un desbordamiento de las pasiones políticas.
