Alejandro Toledo puede ser extraditado a Perú
(LASSERFOTO AP)
San Francisco (EE. UU.).- La Justicia de Estados Unidos decidió el martes que el expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), acusado en su país de corrupción, puede ser extraditado, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida.
Con el visto bueno de la justicia estadounidense, dependerá ahora del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, tomar la decisión final sobre si se extradita o no al exmandatario peruano, tras un proceso que ha durado más de dos años.
“El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero”, escribió en su resolución -a la que tuvo acceso Efe- el magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco.
El tratado de extradición entre ambos países que ha examinado el juez y en virtud del cual se puede proceder con la entrega de Toledo a las autoridades peruanas se firmó el 26 de julio del 2001, justo dos días antes de que Toledo accediera a la Presidencia de Perú.
Toledo fue detenido en julio del 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo del 2020, con el estallido de la pandemia de COVID-19.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el expresidente de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del gobierno.
La decisión del magistrado llega solo cuatro días después de que el pasado viernes se celebrara la vista de extradición, en la que la defensa del exmandatario pidió que se desestimara el caso en base a las aparentes contradicciones e inconsistencias de los dos principales testigos en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía peruana.
El juicio de extradición, inicialmente previsto para principios de este año, fue pospuesto varias veces siempre a petición de la defensa, que de forma repetida solicitó más tiempo para revisar y traducir los documentos enviados por Perú.
En marzo del 2019, el empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo personal de Toledo, firmó un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía y confirmó que Odebrecht depositó, no 20 sino 35 millones en sus cuentas como sobornos para el expresidente, según informes de prensa.
El exfuncionario de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, también implicó a Toledo en su declaración, afirmando que el presidente habría recibido sobornos millonarios en relación a la construcción de la carretera Interoceánica.
El expresidente afirma que ambos mienten y se dice víctima de una “persecución política”.
“El caso contra Toledo no es hermético. Hay contradicciones entre los dos principales testigos contra él [Maiman y Barata] y hay inconsistencias en los testimonios dados a lo largo del tiempo”, apuntó el juez Hixon en su fallo. EFE
