MP en cacería de agresores de mujeres

MA
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29 de septiembre de 2021
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03:38 am
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MP en cacería de agresores de mujeres

La Fiscalía decomisó documentación en alcaldía de Tocoa, Colón, por la presunta falsedad de un acta de cabildo abierto en la que otorgó una licencia a una empresa minera.

Nuevas acusaciones contra corruptos que saquearon al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), agresores de mujeres, acusaciones relacionadas a antejuicio en contra de tres jueces del Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira, por suponerlos responsables del delito de abuso de autoridad, entre otras acciones se destacaron en la Operación Omega IX a nivel nacional.

Es de mencionar que solo la Fiscalía Especial de la Mujer de Tegucigalpa presentó alrededor de 107 causas criminales por violencia de género, abusos sexuales y transgresiones al orden del hogar.

A los requerimientos fiscales contra victimarios de mujeres, se le suman capturas e imposición de medidas de seguridad a favor de las ofendidas, al tiempo que siempre en el marco de protección a grupos vulnerables, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural ejecutará aprehensiones en contra de terceros que usurpan los derechos de propiedad colectiva del pueblo tolupán de la Montaña de la Flor.

Se realizó una inspección en el IHSS, por una investigación que se sigue por supuesta sobrevaloración en la compra de un equipo informático swicore.

El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), judicializará un caso más por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del que se esperará su admisión en los juzgados anticorrupción y por el cual se solicitó el libramiento de nuevas órdenes de captura a ejecutarse por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en los próximos días.

Otros expedientes por corrupción, se presentaron por parte de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEEFS-SJ), en equipo con la ATIC, en relación al antejuicio en contra de tres jueces del Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira, por suponerlos responsables del delito de abuso de autoridad.

De igual forma, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó tres requerimientos fiscales contra igual número de exfuncionarios ligados a delitos de fraude, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos, en instituciones como el Registro Nacional de las Personas (RNP) y la Dirección de Protección al Consumidor dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico.

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Además, la Fiscalía Contra la Corrupción procedió al decomiso de documentos en oficinas municipales en el departamento de Cortés, para ahondar en denuncias por supuestos actos irregulares, así como se tomarán declaraciones a funcionarios y exfuncionarios de instituciones públicas del Valle de Sula y se inspecciona la Dirección Departamental de Educación de Trujillo, Colón, atendiendo denuncia por supuesto delito de violación de los deberes de los funcionarios.

Además, se decomisó documentación y tomaron declaraciones en la municipalidad de Tocoa, Colón, por la presunta falsedad de un acta de cabildo abierto con la cual la Secretaría Mi Ambiente otorgó una licencia a una empresa minera.

En cuanto al trabajo de cara a la Semana Morazánica, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM) ha desplegado a su personal en hoteles, restaurantes, balnearios y centros turísticos de todo el país, con el objeto de inspeccionar y constatar que se cumplan medidas de bioseguridad en función de los protocolos definidos en razón de la pandemia del COVID-19, el manejo de desechos bioinfecciosos, manejo de agua potables y residuales y temas de licenciamiento, tarifas y descuentos.

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Otra de las acciones fue la impulsada por la Fiscalía Especial Contra Delitos Tributarios y Conexos en contra una subadministradora de una aduana, otro empleado y empresarios que se habrían coludido para defraudar al fisco.

Se hicieron efectivas también órdenes de captura contra agresores de niños, niñas y adolescentes y se efectuarán labores en materia de derechos humanos en centros penales, postas policiales, hospitales y centros de salud, al igual que operativos en ejes carreteros y allanamientos de morada por una multiplicidad de delitos. (XM)

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