LA semana pasada la RHMC sostuvo una reunión con el presidente de Conatel. Motivada a raíz de algunos cobros que el ente público tiene en cartera a medios de comunicación operados con licencia de frecuencias. Sin embargo a la luz de la dramática nueva realidad, ello es después de los estragos provocados –a los ingresos, a los mercados, a las empresas, a la economía nacional– y que sigue ocasionando la peste sanitaria, no tiene absolutamente ningún sentido aplicar hoy disposiciones de un sistema obsoleto. Normas de un régimen hecho para la normalidad de antes que ya no es y para estados pasados que ya no existen. De esa verdad irrefutable –enterarse que el país ya no es, ni por asomo, lo que antes era– es hora que todos comiencen a percatarse. Como lo hemos planteado anteriormente, para no estar haciendo retoques cosméticos o poniendo parches improvisados. El empeño sería hacer una revisión a fondo a estos sistemas disfuncionales que ya no sirven. Ni aplican ahora después del cambio brusco que se sufrió.
Los medios de comunicación no están para que les saquen sino para que el Estado los asista. En función, si no de otra cosa, del servicio que prestan –como válvulas de escape– a la democracia y al mantenimiento de la relativa paz social. De no ser por esos espacios que canalizan la queja, el descontento, la incomodidad del imaginario popular, como también de la esperanza, la crisis en ebullición ya hubiese estallado en volcánica erupción colectiva. Visto solo desde el ámbito empresarial, las empresas de comunicación, en su inmensa mayoría –haciendo de tripas corazón– apenas cubren el pago de sus planillas y ajustan para sus gastos de operación. El mercado de sus clientes –debido a la fracturada economía nacional y a los largos períodos de confinamiento– colapsó. Ello es así porque aparte de raras excepciones –que usufructúan la necesidad de los productos o servicios que ofrecen sacándole el jugo a la crisis– la mayor parte de las empresas, comercios, negocios y potenciales anunciantes, igual se desmoronaron. La gravedad de la caída es abismal, sin prognosis de recuperación a corto plazo de las pérdidas habidas. Si la mayor potencia del mundo está a punto de caer en insolvencia –de un cierre total del gobierno federal– si no elevan en trillones de dólares el alto techo de la deuda pública con que sostienen sus gigantescos déficits, ¿qué no podría esperarse que ocurra en estos pintorescos paisajes acabados? Pero aparte de la contracción del mercado publicitario que conspira contra la prensa tradicional hay otra amenaza distorsionadora.
Los medios alternos, con sus sedes en el exterior –en total competencia desleal– arrebatan los ingresos publicitarios a las empresas locales de comunicación. Los medios de comunicación convencionales pagan todo tipo de impuestos por operar. Volumen de ventas –dos veces al fisco y a la alcaldía– activo neto, impuesto sobre bienes inmuebles, tasas por servicios municipales, costos de circulación, aportaciones obligatorias, contribuciones, “tasón”, obligaciones sociales, planillas, tarifas de agua y electricidad, etc., por estar ubicados en la localidad y vender sus servicios publicitarios. ¿Qué pagan los gigantes tecnológicos –situados extra fronteras– por la explotación del mercado local? Por toda la publicidad que se transmite en sus portales al mercado hondureño –pautada aquí o allá– no pagan un centavo de impuesto. Descomunal competencia desleal. ¿Cuánto recauda el tesoro nacional del usufructo del mercado local de esos portales tecnológicos? Cero. ¿Qué se ha hecho para corregir este odioso desequilibrio lucrativo a los gigantes de afuera y adverso a las perjudicadas empresas nacionales que operan en desventaja? Nada. Es desmesurado el robo que se le ha hecho al país de recursos que debieron quedarse aquí –invertidos en Honduras– por esos portales que explotan de gratis el mercado de consumidores hondureños. Supera los montos saqueados por la corrupción. Esta ingrata disparidad debió ser corregida por el Estado años atrás y nada ha sucedido. Otras naciones en defensa de su soberanía e integridad territorial, interesadas en proteger a sus empresas y sus mercados han optado por montar sistemas electrónicos que bloquean los anuncios transmitidos por esos gigantes tecnológicos que invaden el mercado doméstico. No nos referimos a la información sino a la publicidad destinada a ser vista por usuarios nacionales. Hasta por celo patriótico igual acción deben tomar aquí. La conclusión del diálogo sostenido fue el compromiso de iniciar el proceso de cambio, orientado a corregir el desequilibrio –dejando en suspenso todo cobro contemplado en la regulación desfasada– y adaptar la normativa de las comunicaciones a esta nueva realidad. (Como no hay conectividad ni llega señal a la agreste empinada, el Sisimite no pudo enchufarse al “Zoom”: pero en telegrama triple de un pueblo cercano avisa que se suma a lo convenido).
