El peor Congreso Nacional
Óscar Lanza Rosales
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Los diputados al Congreso Nacional se han aprovechado del Feriado Morazánico y del partido de la Selección de Honduras contra su similar de Costa Rica, para aprobar el pasado jueves 7 de octubre, en forma virtual, una serie de barbaridades, que atentan contra el Estado de derecho de los hondureños, que el pueblo ha bautizado como una verborrea legislativa, como lo acostumbra el Partido Nacional en la transición entre períodos de gobiernos.
Hicieron tantas reformas, que en unas nos doraron la píldora para pasar desapercibidos los verdaderos objetivos para defender sus intereses políticos, como se van a dar cuenta más adelante.
Ampliaron la vigencia y los beneficios fiscales a 15 años contemplados en la “Ley de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía” contenida en el decreto 181-206, con el objetivo -según ellos- para aumentar la inversión en el departamento insular de Honduras.
Autorizaron una ayuda de 11 millones de lempiras a la Fundación Amitigra para el ejercicio fiscal 2022, a través de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Primero redujeron las penas en el nuevo Código Penal, ahora es que les dio por aumentarlas. En los casos de Trata de Personas, Desplazamiento Forzado, Delito de Extorción y Usurpación.
¡Pero aquí viene lo bueno, los objetivos que perseguían con las reformas!
En una de las reformas: “Exoneran en forma transitoria a los candidatos, movimientos internos y partidos políticos de la aplicación de multas, sanciones establecidas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, y cualquier tipo de responsabilidad legal, derivada de la no presentación en tiempo y forma del Informe Financiero de Liquidación de Fondos”.
La medida establece que los políticos que no cumplieron, tienen 30 días adicionales para presentar sus declaraciones ante la Unidad de Política Limpia, una vez que el decreto de reforma sea publicado en el Diario La Gaceta.
Según la diputada Doris Gutiérrez, 460 candidatos están en esta situación irregular, incluyendo a 160 del Partido Nacional, y los demás del Partido Liberal y Libre. Y con esta reforma van a poder participar en las elecciones generales del próximo mes de noviembre.
Como ven amigos lectores ¡esto es una complicidad entre los políticos que se prestan para fomentar aún más la delincuencia política!
Y agreguemos lo siguiente: otras de las reformas es que la Unidad de Política Limpia solo tendrá un año para evaluar las fuentes de financiamiento de los candidatos que participen en las elecciones generales, porque con las reformas bajaron ese período de 5 años a un año, con lo cual se corre el riesgo de legitimar candidaturas contaminadas al financiarse con dineros ilícitos.
Otra de las reformas aprobadas y nefastas, es a la Ley contra Lavado de Activos -al artículo 34- con nombre y apellido para las organizaciones de la sociedad civil, que administran fondos de cooperación externa y que se dedican a ejecutar proyectos o programas de veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública, las cuales quedan calificadas como Personas Expuestas Políticamente (PEP), quedando sujetas a cualquier intervención financiera o represiva del gobierno, que ya no podrán investigar o denunciar actos de corrupción.
Según la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), estas reformas son la estocada final a la lucha contra la corrupción en Honduras.
En un comunicado de ASJ, dice además, que la “decisión autoritaria” del Congreso Nacional, atenta contra los principios constitucionales de asociación civil, libertad de expresión y participación ciudadana. Que contraviene lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Que condena esta acción de hostigamiento desde un poder del Estado.
En otras reformas, se suspende el secreto bancario, y se aplicará únicamente en los casos de delitos del lavado de activos y extorsión, aplicable solo con orden judicial. Según el Fiscal Luis Santos, esta reforma es para beneficio de los diputados que quieren autoprotegerse o blindarse de ser investigados, pero atenta contra el Estado de derecho.
También se aprobaron varias reformas al Código Procesal Penal y Código Penal entre las que destaca la reclusión por diez años para aquellas personas que invoquen el derecho a la protesta.
Según algunos analistas, con esta reforma se va preparando el escenario para un probable fraude en las próximas elecciones o para que la gente desista de protestar contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Hondureños, no nos crucemos de brazos ante estas reformas. ¡Hay que protestar para su pronta derogación!
