DE esta entrevista del Secretario de Seguridad Nacional estadounidense, tomamos puntos relevantes del tema migratorio que le concierne a Honduras. P: “Una pregunta sobre el programa ‘Quédate en México’ (MPP, en inglés), que impulsó el gobierno de Donald Trump y por el que los indocumentados que solicitaban asilo en la frontera sur de EE. UU. tenían que esperar en el país vecino a que se tramitaran sus peticiones”. “Un juez federal ha ordenado a la Casa Blanca que restablezca ese programa”. ¿Podría confirmar eso?”. R: “Nosotros pusimos fin a ese programa y nos demandaron por hacerlo”. “Y ahora estamos bajo una orden judicial para implementar ese programa a lo largo de toda la frontera sur”. “Esa es una orden de la corte que estamos obligados a seguir y, por lo tanto, debemos cumplirla, y estamos obligados a implementarla lo más rápido posible”. “Y para hacer eso, estamos en conversaciones con el gobierno de México, porque se requiere que ambos países estén de acuerdo con ese programa”.
P: “¿Cómo se asegurará de que, una vez que reinicie este programa, los migrantes expulsados a México estarán protegidos de los abusos de derechos humanos que han ocurrido en el pasado, como violaciones o secuestros? ¿Está hablando con las autoridades mexicanas para garantizar mejores condiciones para los migrantes?”. R: “Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno mexicano, ese es uno de los temas importantes de nuestras conversaciones con ellos”. “Y, por supuesto, comparten ese compromiso de atender las necesidades de las personas que están sujetas al programa”. (Fin de citas). Pues bien. Cuando iniciaron las sonadas caravanas, Trump dejó en suspenso el TLC con México y amenazó imponer sanciones arancelarias a las importaciones procedentes de ese país, si los mexicanos no paraban de tajo los flujos migratorios. AMLO, asustado, despachó a su canciller a Washington a negociar. Regresó de cumplir el mandado: Desplazar 27 mil guardias nacionales para interceptar migrantes y devolverlos, con trato de no muy buenos amigos, a sus países de origen. (Los incidentes violentos contra migrantes en esos bloqueos dejaron en entredicho la pregonada política de respeto de los derechos humanos del gobierno azteca). Muchos peregrinos –entre ellos mujeres y niños– fueron brutalmente rechazados. El otro arreglo al que llegaron fue suscribir un acuerdo migratorio de “tercer país seguro” al que le denominaron “Esperar en México”. Quienes cruzaran la frontera serían devueltos a México –ya no podrían permanecer en los Estados Unidos a esperar la resolución judicial a su solicitud de asilo– para ser albergados en refugios de mala muerte.
Trump repetidamente los avergonzaba insistiendo que México iba a pagar por la construcción del muro fronterizo. Así que la otra condición impuesta fue negociar un nuevo tratado de libre comercio. De los términos convenidos en el tratado menos favorables a México, se pagaría la factura de la gran muralla. Una última pregunta para finalizar. P: “Usted acaba de anunciar además el fin de las redadas en los lugares de trabajo en Estados Unidos, ¿qué efecto espera que tenga eso en la población indocumentada?”. R: “El hecho de que alguien esté presente ilegalmente en los Estados Unidos no es, por sí solo, una base para tomar medidas coercitivas en su contra. Ese fue un principio que expresé en septiembre (…), y lo que vamos a hacer es enfocar nuestros esfuerzos en los empleadores que explotan, que se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores que podrían no tener documentación; a enfocar nuestros esfuerzos en esos empleadores sin escrúpulos”.
