Óscar Lanza Rosales
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En estos días, una de las noticias más importantes ha sido la filtración de casi 12 millones de documentos sobre la riqueza secreta de los líderes mundiales, políticos, multimillonarios y empresas multinacionales. A esta operación se le ha dado en llamar Pandora Papers, realizada por más de 600 periodistas de 117 países, agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, que han dado a conocer una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia, en el que han participado más de 150 medios prestigiados, como la BBC, The Guardian y The Washington Post.
No es la primera vez que se dan estas investigaciones. Ya en el pasado, el mismo ICIJ ha publicado Offshore Leaks, Paradise Papers y Panama Papers, pero Pandora Papers es la más completa.
Esta información procede de los paraísos fiscales (PF) diseminados en el planeta, que tienen tres características principales: son lugares para crear con facilidad empresas solo de nombre, sin personal u oficinas; difícil identificar a los propietarios de las empresas y los impuestos que se pagan son bajos o cero. Y en general, no están regulados a nivel internacional.
El propósito de estas riquezas ocultas no es solo para evadir impuestos del país de donde proceden, también sirven como un mecanismo de lavado de dinero y otras operaciones ilícitas.
En estas investigaciones han salido a relucir, por ejemplo, los negocios irregulares de Petróleos de México y Venezuela, respectivamente, y Odebrecht de Brasil, que, para ganar proyectos de infraestructura en los diferentes países de Latinoamérica, pagaba sobornos a los funcionarios de gobierno en sus cuentas en estos paraísos.
En el mundo son reconocidos como PF: Panamá, Dubái, Mónaco, Suiza, las Islas Caimán, Islas Vírgenes, Singapur y Dakota del Sur y Delaware en Estados Unidos.
La ICIJ estima que en estos lugares se manejan entre 6 y 32 billones de dólares. Y el FMI ha dicho que el uso de paraísos cuesta a los países de todo el mundo, unos 600 mil millones de dólares en impuestos perdidos cada año.
Los PF son toda una industria financiera. De eso viven gran parte de estos países. Se especializan en ayudar a sus clientes acaudalados a ocultar sus activos y reducir al mínimo los impuestos que deben pagar. Para brindar estos servicios, existen bufetes de abogados, banqueros, auditores y contadores muy calificados, para abrir las cuentas de inversión y nominar a los administradores de las sociedades, que van a asumir el papel del propietario de la cuenta. Como bufete de abogados, es famosa la firma ALCOGAL de Panamá.
Se justifica la importancia de esta investigación, porque brinda a los pueblos del mundo, información y conocimiento de cómo se manejan sus riquezas, principalmente de su clase política, que puede ser muy perjudicial para el bienestar de las sociedades.
Es el caso de Jordania, que mientras su rey Abdalá II adquiere quince propiedades en Estados Unidos, Reino Unido y otros lugares, a través de sus empresas fantasmas de estos PF, el pueblo jordano está viviendo momentos difíciles, cuando su gobierno no está en capacidad de brindarles, ni los servicios básicos.
Muchos países están aprovechando esta investigación para ver cómo sus élites dilapidan sus fortunas a través de estos PF:
Los medios de México, como la revista Proceso, ha logrado identificar a tres mil mexicanos que son clientes de estos paraísos; los Legionarios de Cristo, con cuentas de 300 millones de dólares; las inversiones de los contratistas de PEMEX aliados con Odebrecht; los dueños de las dos principales televisoras del país, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, que viven en grandes mansiones y con lujosos yates en estos paraísos, mientras sus televisoras en México están en crisis.
En lo que concierne a Honduras, se han dado los nombres de los expresidentes “Pepe” Lobo (y su esposa Rosita) y José Manuel Zelaya; “Tito” Asfura, Ricardo Álvarez y Wilfredo Cerrato padre, administrador de Casa Presidencial en tiempos de “Pepe” Lobo; y se han analizado los casos de Yankel Rosenthal, Equipos Industriales (en sus transacciones irregulares con el Seguro Social) y el diputado Yaudet Burbara Canahuati.
Los imputados deberían aclarar su situación que ponen en duda su reputación. Esta investigación es una advertencia, que ya no hay nada oculto en este planeta, por más leyes de secretismo que emita nuestro Congreso Nacional.
Nuestros medios todavía tienen la tarea pendiente de incursionar más en este mar de información que han brindado los periodistas de ICIJ.
¡Estamos esperando sus reacciones y análisis, por la transparencia en nuestra Honduras!
