Prisión preventiva al capitán (r) Santos Rodríguez, esposa y suegra

El juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional dictó un auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el capitán (r) de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), Santos Rodríguez Orellana; su esposa, Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra, Reina Lizeth Bonilla, acusados de lavado de activos.

Durante la audiencia inicial que se desarrolló por más de 12 horas en el Fuerte “General José Trinidad Cabañas”, sector de El Ocotal, Distrito Central, sede del juzgado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), presentó la carga probatoria mínima que fue tomada en cuenta por el juez para determinar que los tres sindicados continúen presos durante el desarrollo del proceso.

A eso de las 10:00 de la noche del miércoles finalizó la audiencia inicial. El abogado defensor, Germán Salomón Amador, confirmó que presentarán el recurso de apelación contra la decisión tomada por el juez y que tienen un plazo de tres días para presentarlo a la Corte de Apelaciones.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), luego de la captura de las tres personas la semana anterior, efectuó nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, acciones relacionadas al oficial retirado de las Fuerzas Armadas.

Posterior a los allanamientos, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la ATIC procedieron al aseguramiento de 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y diez vehículos, que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

POR LAVADO

A Rodríguez Orellana se le presentó un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, junto a su esposa, Jennifer Lizzeth Bonilla, capturada en Tegucigalpa y su suegra, Reina Lizeth Bonilla, detenida en una gasolinera, en Santa Rosa de Copán, justamente en la salida a Ocotepeque.

Se indicó que, según las investigaciones iniciadas años atrás, se pudo determinar que el capitán retirado en sus tiempos de funciones realizaba operativos en la zona de La Mosquitia (Gracias a Dios), y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba, denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y, según testigos, también está involucrado en la muerte de personas, incluyendo un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

Asimismo, también se denunció que en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas, luego que eran robadas a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo ese dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra, según las acusaciones.

Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo de funciones recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, según los análisis bancarios y las fuentes de ingresos, en el período 2010-2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.

Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado, señala la Fiscalía. (XM)