Vicente Mejía Colindres a Carías Andino: “DESEO QUE EN ESTE CARGO SEAS MENOS INFORTUNADO QUE YO”
Por: Juan Ramón Martínez
I
En 1829, los grupos de poder de algunas zonas del país, seguían soñando con el retorno a la dominación española. Los miembros del clero, los comerciantes y los ganaderos, hacían comparaciones; y, al concluir que, habían estado más seguros y gozando de mayores beneficios durante el régimen colonial, buscaban en Cuba, que era fuerte posición bajo el domino de España todavía, la forma de acercarse a los españoles de Madrid, para que invadieran Honduras y establecieran de nuevo el poder que habían perdido con los liberales, para entonces encabezados por Francisco Morazán que, en abril de este año había entrado triunfante a Guatemala. En Honduras, en Olancho y en Opoteca, Comayagua, en ese año, estaban los dos principales focos de insurrección. Ante la inconformidad que se mantenía en los dos territorios mencionados, el 7 de noviembre de 1829, la Asamblea Legislativa del Estado de Honduras, emitió el decreto que “en su parte resolutiva dice: 1°. Se indulta a todos los vecinos de Olancho que han tomado parte en la revolución y hecho la guerra al gobierno (del vice Jefe Diego Vigil). 2°. La Fuerza que está a las órdenes del comandante Márquez, saldrá inmediatamente del territorio de Olancho, para que con toda libertad elijan a los representantes que deben ocupar sus asientos en esta Asamblea y en el Congreso Federal. 3°. El coronel Márquez reclamará los prisioneros que hayan hecho las tropas enemigas y volverá en canje los que el haya hecho de dichas fuerzas. 4°. El Jefe Intendente continuará gobernando el departamento, sin exigir contribuciones ni otros servicios durante dos años. 5°. Tengan efecto o no estos tratados, la fuerza pacificadora de Olancho se retira a los puntos que el gobierno designe, hasta que pasado algún tiempo haya desaparecido todo espíritu de venganza. 6.°. El comandante Márquez cumplirá religiosamente con los artículos anteriores, aun en el caso que haya adquirido nuevos triunfos contra los enemigos de Olancho, después de la derrota del comandante Bográn”. Cáceres Lara, al respecto, agrega que el decreto emitido por la Asamblea del Estado de Honduras, tenía como finalidad, neutralizar el grave peligro que presentaban las fuertes facciones de Olancho y Opoteca contra el gobierno del Estado, facciones que habían dado poderes a un enviado especial que trataría con el Capitán General de Cuba para obtener ayuda militar y las cuales se sabía iban dentro de poco a ser dirigidas por el coronel Vicente Domínguez, famoso guerrillero mexicano a quien Morazán venció en el combate de Gualcho el 6 de julio de 1828”. (Cáceres Lara, 1980, 375, 376). Porque desde Guatemala habían enviado tropas bajo el mando de coronel francés Enrique Torrelonge, con órdenes de batir militarmente a los facciosos de Olancho, el decreto anterior no entró en vigor, por lo que la guerra en Olancho continuó durante varios meses, hasta que Francisco Morazán, le diera fin mediante las Capitulaciones de las Vueltas de Ocote.
II
Hasta hace algún tiempo, se respetaban mucho las reglas formales. Por ejemplo, cuando el Presidente de la República abandonaba el país, se emitía un Decreto Ejecutivo, por medio del cual, delegaba en uno de los designados el ejercicio de la titularidad del Ejecutivo. “Así, por decreto ejecutivo SGJ—N° 8—89, el Presidente de la República, llamó al ciudadano doctor Alfredo Fortín Inestroza, designado a la Presidencia de la República, para que en ausencia temporal del presidente se haga cargo de la misma durante los días jueves 26, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de octubre de mil novecientos ochenta y nueve. El 20 de noviembre (del mismo año), por Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República, llamó al ciudadano doctor Alfredo Fortín Inestroza, designado de la Presidencia de la República, para que, en su ausencia, se haga cargo de la misma durante los días miércoles 22, jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve” (Alexis de Oliva, 2001, pág. 358). Para entonces gobernaba José Azcona del Hoyo, hombre de carácter, respetuoso de la ley y de la dignidad de Honduras. Desde hace algunos años, especialmente cuando el presidencialismo ha ido desbordando el espíritu de la separación de los poderes y erosionando el cumplimiento de la ley, la Presidencia de la República, sigue al gobernante a donde quiera que este se encuentre. Por lo que los designados, no cumplen ninguna tarea, sino las que les designe domésticamente el titular del Ejecutivo. Ricardo Maduro dejó el cargo durante más de una semana tras la falda de una mujer española que se encontraba en Italia. Y en el presente gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, en ningún momento en que ha abandonado el país, ha sido llamado un designado presidencial para que ocupe la titularidad del Ejecutivo como manda la ley. Durante esta campaña electoral del 2021, Manuel Zelaya, de hecho, le ha agregado a ese cargo, mediante acuerdo con Salvador Nasralla, -candidato a designado presidencial en la fórmula encabezada por su esposa- la competencia para elegir a la Junta Directiva del Congreso Nacional, en una flagrante violación a la ley, específicamente en lo referido a la independencia de los poderes y en franca ofensa a la soberanía popular.
III
La independencia de España, la creación del Estado de Honduras y las nuevas autoridades, no significó una mejoría para la población indígena. Todo lo contrario. En algunos casos, más bien el tratamiento desmejoró mucho. Y los más débiles fueron objeto de mayor explotación y malos tratos por parte de los comerciantes ladinos, los ganaderos y algunos funcionarios públicos. El misionero Subirana, en 1858, emitió un reglamento, de cuya lectura, se puede percibir todas las ingratitudes, injusticias y ofensas que eran víctimas los jicaques que incluso ahora, son los hondureños más menospreciados de los que forman parte de la nacionalidad hondureña. De acuerdo al reglamento del padre Subirana, los indios trabajaban para otros, sin pago alguno. E incluso en contra de su voluntad. Los tratos que los indios hacían con los ladinos por “la entrega de la zarzaparrilla, tabaco u otra cosa” y de los cuales, estos establecían deudas, Subirana dice que si el trato fue injusto “no deben pagar todo lo que prometieron, sino una parte que vendida al precio de la plaza sea suficiente a pagar lo que prometieron una carga de zarza o tabaco que vale por ejemplo veinte pesos, recibieron por ejemplo, si por una res de valor de cinco pesos bastará que paguen dos arrobas de dichos efectos”. Esta evangelización, que no ha tenido continuidad desafortunadamente, no solo tiene como centro la creencia en Jesucristo por parte de los indígenas, sino que la defensa de sus derechos, la protección de su vida y la dotación de tierras, en donde ellos, los indígenas, son los propietarios y dueños del bosque, la zarzaparrilla y los cultivos de tabaco que efectúen. No cabe duda que este misionero español, era un santo que los hondureños nos resistimos a aceptar, porque los explotadores de los indígenas siguen dominando políticamente sus zonas de residencia. Y la Iglesia Católica los ha dejado casi solos, poca preocupada de su bienestar, sin el cuidado y el celo que les dispensaba Manuel Subirana. Que trajo a Honduras un modelo de evangelización que, no ha sido superado todavía.
En 1826, se efectuaron en Centroamérica elecciones para nuevas autoridades. “Estas fueron conocidas con el nombre de intrusas. La Asamblea, contra el tenor expreso de la Constitución, se trasladó el día 31 de diciembre de 1826, y el 2 de enero siguiente comenzó a funcionar extraordinariamente sin previa convocatoria del Consejo, porque no lo había. En los dos días que duraron estas sesiones, se emitieron tres decretos: en el primero, la misma asamblea se declaró ordinaria y constitucional, en el segundo declaro repuesto el Consejo representativo, con los individuos nuevamente nombrados para componerlo; y en el tercero se encargó provisionalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo al ciudadano J. Domingo Estrada, Presidente de dicho Consejo. Instalados en virtud de estas leyes los primeros poderes del Estado, la Asamblea cerro sus sesiones dos días después de su apertura; el 12 del mismo enero las volvió a abrir a virtud de especial convocatoria del Consejo. En este segundo periodo se autorizó al gobierno para que, a su arbitrio, pudiera suspender el cumplimiento de todas las disposiciones legislativas emitidas desde el 6 de septiembre hasta el 13 de octubre del año anterior; y se mandó suspender el pago de sus sueldos a los senadores y diputados al Congreso Federal, sin embargo, de que las Asambleas particulares no estaban facultades para hacer alteraciones en esta materia”. (Alejandro Marure, Bosquejo Histórico de la Revoluciones de Centroamérica, Tomo II, 2012, 18, 19). Los problemas se agudizaban. Y la crisis, basada en las desavenencias, se acercaba. Iniciándose un periodo sumamente irregular, de revueltas y acciones legales o ilegales; pero absolutamente impolíticas. La República, solo tenía 13 años más de vida. Y los políticos, no lo sabían. O no les interesaba.
