ONG denuncia “escalada represiva” del gobierno cubano para evitar protestas
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este lunes una “escalada represiva” del gobierno de Cuba para impedir marchas de protesta en el país.
Esta organización no gubernamental, con sede en Madrid, advirtió en un comunicado de que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista cubano participa en los “más de doscientos actos represivos” que ha contabilizado desde el pasado viernes.
“Retenciones domiciliarias, amenazas, cortes de internet y actos de repudio frente a las casas de activistas” son algunos de estos actos, alertó el Observatorio.
Esta entidad detalló que “los sacerdotes católicos Alberto Reyes, Rolando Montes de Oca y Castor Álvarez Devesa han sido amenazados con ser detenidos por la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba”.
“La activista Saily González Velázquez fue objeto esta mañana en su casa, en Santa Clara, de un bochornoso acto de repudio”, añadió.
“Estos actos protagonizados por seguidores del régimen incluyen la permanencia de miembros de la Policía y la seguridad del Estado en la proximidad de las viviendas (como pudo verse, entre otros, en el vídeo que Víctor Ruiz compartió en redes sobre el acoso sufrido hoy en su vivienda)”, según esta organización.
Yunior García Aguilera, promotor de marchas cívicas, también “sufrió un acto de repudio a las puertas de su casa, donde una turba de personas enviadas por el régimen le impidió salir a manifestarse” este domingo, pero “la prensa extranjera no pudo llegar al lugar por las restricciones impuestas”, agregó.
Al menos dos personas fueron arrestadas en un parque de La Habana tras gritar “viva la democracia” y se desconoce su paradero, de acuerdo al comunicado.
Los periodistas Luz Escobar, del diario digital cubano 14yMedio, y Abraham Jiménez, columnista del periódico estadounidense The Washington Post, “están bajo arresto domiciliario”, concluyó.
Una marcha pacífica para pedir un cambio político en Cuba pretende recorrer este lunes varias ciudades del país, pese a no estar autorizada por el Gobierno, en una iniciativa heredera de las protestas del 11 de julio pasado, las mayores en décadas en el país fruto del descontento y la grave crisis azuzada por la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y la situación económica en la isla. EFE
