Víctimas alertan por retirada del cargo a juez que lleva el caso de Fujimori
Entidades y víctimas de las esterilizaciones forzadas cometidas bajo el mandato del expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) alertaron este martes del “riesgo” que supone la decisión del Poder Judicial de retirar de su cargo actual al juez que decidirá si se abre juicio contra el exmandatario por este caso.
El Poder Judicial (PJ) anunció hoy que da por concluida la designación del magistrado Rafael Martínez en la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, el mismo magistrado que lleva ya más de dos meses leyendo su resolución sobre este caso, y nombró como reemplazo al juez Littman Ramírez.
Si bien la resolución asegura que la disposición “no afectará los procesos jurisdiccionales en curso”, la medida ha hecho saltar las alarmas de las víctimas de las esterilizaciones forzadas y de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer.
Alienta la preocupación el hecho de que esta decisión judicial se formalizó apenas dos días antes de la audiencia programada para el 17 de noviembre en la que está previsto que, tras siete sesiones inconclusas que se extendieron por dos meses, Martínez termine la lectura de su resolución sobre este caso en el que está implicado Fujimori, quien cumple actualmente una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
En esta octava audiencia, que al igual que las anteriores contará con la traducción al quechua, la lengua de la mayoría de las víctimas de este caso, se espera que finalmente se determine si se iniciará un proceso penal o se archivará la denuncia contra el exmandatario y sus exministros de salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, a quienes se les atribuye la presunta comisión de los delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones culposas.
VÍCTIMAS EN DESACUERDO
Del artículo 4 de la resolución se interpreta que Martínez debería acabar esta etapa del proceso judicial al afirmarse que el juez debe “intervenir en los casos que la ley procesal lo dispone de manera imperativa para evitar el quiebre de juicios orales o frustrar la conclusión de los requerimientos y solicitudes que se encuentran a la fecha en trámite avanzado”.
Pero “la alerta, el grave riesgo y la amenaza” es que “mañana se presente el otro juez y diga que necesita tiempo”, declaró a Efe la abogada y activista Maria Ysabel Cedano, directora de la organización feminista Demus.
En esa misma línea, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) aseveró a través de un comunicado que esta resolución “constituye un nuevo maltrato” a las supervivientes, quienes ya llevan tiempo exigiendo no dilatar más el fallo, “por causar sufrimiento y angustia en la larga lucha y espera por verdad, justicia y reparaciones integrales”.
“Abre un grave riesgo para los derechos de las víctimas a la verdad y el acceso a la justicia en plazo razonable, con celeridad, debida diligencia reforzada y no discriminación”, agregó la organización, que convocó para mañana una rueda de prensa donde se anunciarán medidas para garantizar que Martínez “siga a cargo y abra investigación judicial”.
POCO MÁS DE 2.000 DENUNCIAS
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, bajo el mandato de Fujimori, cuando se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
El programa se centró en la población en condición de pobreza para reducir su natalidad y, como consecuencia de ello, evitar el incremento de pobres en el país, según la tesis de la Fiscalía.
Durante ese periodo, fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los informes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Por ahora hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2016.
Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde los hechos, hay víctimas que pueden haber fallecido sin denunciar y otras que pueden seguir vivas pero no se atreven a hacerlo por vergüenza, miedo o desconocimiento, ya que la mayoría de las víctimas son mujeres pobres, andinas, rurales y quechuahablantes.
Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención. EFE
