Desestabilización, tiranía y movilización popular
Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
La propuesta de gobierno del Partido Libre que ha presentado su candidata Xiomara Castro de Zelaya es aventurada y de riesgos desproporcionados. Por su contenido conflictivo, induce a la desestabilización económica, promueve la gobernanza tiránica solapada, apela a medidas demagógicas y sustenta el gobierno en la movilización popular para imponer una ruta de poder. Está inspirada en un ideal socialista, obviamente extraído de las enseñanzas iniciales del chavismo venezolano, actualizadas por el madurismo o socialismo latinoamericano del siglo XXI.
De las más de treinta acciones de gobierno que plantea el 80% son demagógicas, el 11% son desestabilizadoras y un 9% buscan la tiranía solapada a través de la movilización popular y una asamblea nacional constituyente.
Las propuestas van encaminadas, no a la integración social, la paz y la prosperidad económica, sino que más bien están definidas para crear la confrontación y la incertidumbre económica, así como imponer una hegemonía política a través de una estructura de gobierno centralizada, que favorece los intereses de grupos específicos que derivan sus ingresos de salarios públicos.
En lo económico no buscan favorecer el desarrollo de las empresas privadas. Más bien, lo que pretenden es obstaculizar el crecimiento de las grandes empresas multinacionales y nacionales en detrimento de la deseada bonanza del país, para favorecer la desfasada y superada intervención del Estado en todos los campos en que eso les sea posible, estableciendo nuevos modelos de operación para posibilitar incentivos a empresas estatales producto de un fracasado socialismo democrático. Sin duda alguna, esto produciría desconcierto e incertidumbre en los inversionistas que operan en el territorio hondureño, lo que les provocaría la tentación de buscar otros mercados que operan con reglas más claras, previsibles y equitativas.
La radicalidad de las propuestas económicas que quieren implantar los socialistas, va a transmitir vibraciones negativas para que el capital internacional venga a Honduras que tanto lo necesita. Con solo el hecho de cancelar la Ley de las ZEDE se pondrá en entredicho la credibilidad institucional del país y se echará por la borda toda una estrategia que se ha venido desarrollando por los once años anteriores, para atraer flujos de inversión decisivos en la generación de empleo. El concepto y operación de las ZEDE podrían con el tiempo “tropicalizarse” aún más, basado en nuestras propias experiencias.
Por otra parte, el programa de gobierno de la candidata del Partido Libre también contempla la organización, promoción y funcionamiento de empresas estatales grandes, especialmente las asociadas con actividades extractivas de recursos naturales, como plata u otras materias primas de tal naturaleza. Pero siendo objetivos, el país no cuenta con la capacidad económica ni tecnológica para emprenderlas, además que, como se señaló antes, ese es un modelo que ha fracasado en varios países latinoamericanos. Aquí ocurriría lo mismo, a menos que la idea sea facilitarles los negocios a otras empresas de estados socialistas.
Igualmente, las propuestas para realizar ajustes en la economía nacional que favorecen a los asalariados, son bastante controversiales y demagógicas, porque para lograrlas el crecimiento económico del país debe ser favorable a la toma de esas medidas, lo cual, realmente, no es el caso. Ofrecen crear empleos, pero no establecen cómo. Por el contrario, van a reducir los ingresos del Estado aplicando una política de aumento salarial a los profesores y empleados públicos, que va a generar efectos multiplicadores en los salarios de las empresas privadas causando una crisis nacional.
En lo político, al tratar de instalar una Asamblea Nacional Constituyente tendrían que realizar movilizaciones populares, so pretexto de lograr el consentimiento del soberano, pero con el propósito real de mantener un Estado de insurgencia que favorezca la gobernanza socialista, que así se volverá tiránica, sectaria, de persecución política de actores demócratas que se opongan a tales propósitos y de restricción a los derechos y garantías constitucionales. Esto indudablemente, traería complicaciones en las funciones legales de las fuerzas militares y de seguridad pública, porque estas tendrían necesariamente que reevaluar sus roles.
Por otra parte, se comprometen a establecer un nuevo modelo de intervención anticorrupción, tipo MACCIH, que es de esperarse que sea un instrumento de persecución y venganza política, a juzgar por la retórica que han estado empleando tanto la candidata como otras personas cercanas a ella.
En lo social, lo que pretenden es darle protagonismo a sectores sociales que dependen del sector público, para utilizarlos como frentes de resistencia en protestas populares, de tal suerte que sea esa la forma política de blindar la gobernanza socialista que quieren imponer. Si bien consideran benefi ciar a las mujeres y a los científicos nacionales su verdadera intención es incentivarlos para que defiendan los principios anticapitalistas que establece su plan de refundación del Estado. Proponen realizar conquistas sociales sin establecer cimientos económicos viables y sólidos para lograrlo.
