GOTAS DEL SABER (64)

Juan Ramón Martínez

I
Las medidas violentas del presidente Arce, en contra de las instituciones federales y de los estados federados, no anunciaba un futuro prometedor para la joven nación. Ni siquiera las intuiciones, eran fuente de conocimiento para Arce y sus seguidores. Persistía en sus visiones teóricas, poco enriquecidas por las teorías de la Ilustración que establecía el imperio de la razón, la cultura política en que se habían desarrollado. Creemos que los nuevos políticos, seguían pensando como los gobernantes españoles. Por ello, lo que se anticipaba era la continuidad del autoritarismo. “En efecto, exceptuando el decreto de amnistía de 13 de febrero, expedido en favor de los que se habían complicado en los sucesos políticos de septiembre y octubre, los demás acuerdos de la autoridad de 1827 llevaban el sello de un poder discrecionario y absoluto. La libertad de imprenta se coarto; se suprimió la que tenían todos los habitantes de la República para trasladarse de uno a otro Estado y transitar por el de su domicilio sin ningún previo requisito; se decretaron penas muy severas contra los que, de palabra, por escrito o de cualquiera otra manera, desconocieran los nuevos gobernantes; contra los jueces que no castigasen inmediatamente dichos actos; y contra todos aquellos que no los denunciaran con oportunidad. Las fórmulas de los juicios se despreciaron; y las penas de muerte, destierro y expatriación se prodigaron con escandalo; en algunos casos, después de cumplida la condena, después de sufrir desde dos hasta ocho años de destierro debían ser expatriados” (Alejandro Marure, 2012: 19,20). Como es propio de los conflictos sociales, la reacción se estaba incubando ya. La revolución de abril de 1829 y Morazán velaba armas para convertirse en la figura llamada a establecer el orden y volver por el imperio de la ley.

II
En el Estado de Honduras, bajo la autoridad de Dionicio de Herrera no estaba exento de las tensiones que Arce y su grupo provocaban en Guatemala y por sinergia, en toda la República Federal. Al referirse a la situación que se había generado en Honduras. Hacía pensar que “el desorden parecía que se generalizaría muy pronto en todo el país. El jefe Herrera había nombrado intendente del Departamento de Yoro al prominente ciudadano José María Cacho, y este se había encontrado con la hostilidad del pueblo de la cabecera que se negaba a reconocerlo. Afortunadamente poco más tarde rectificaron tal proceder y tanto la municipalidad como el pueblo de Yoro acordaron el reconocimiento del nuevo funcionario, por intervención directa del Cura Párroco y del alcalde municipal. Confesaron los vecinos que habían venido actuando equivocadamente debido a la influencia de hombres perversos, quienes eran enemigos de la quietud pública y del sistema federativo. La situación del jefe Herrera seguía deteriorándose hasta que el presidente Arce enviara contra el al Coronel José Justo Milla, quien lo haría caer del poder y lo enviaría preso a Guatemala”. (Cáceres Lara,1980: 378)

III
Pese a los esfuerzos iniciales para la creación del Estado de Derecho que habían iniciado los reformistas encabezados Marco Aurelio Soto, la legislación hondureña no solo era deficiente, sino que sus causas radicaban en la falta de vinculación de las legislaciones en vigencia, con las realidades nacionales y sus relaciones con el avance del derecho que se producía en otros ámbitos del orbe. Frente a este vacío, el presidente Manuel Bonilla, con fecha 14 de noviembre del 2004, nombró a los abogados Rafael Alvarado Manzano, Crescencio Gomes, Francisco Escobar, Rafael Alvarado Guerrero, Mariano Vásquez, Jerónimo Zelaya, Leandro Valladares y Manuel Villar, la tarea de elaborar los proyectos de código y leyes de la República, los que como es natural, debían elaborarse de acuerdo con la Constitución Política de 2 de septiembre de 1904. El propósito concreto e inmediato era llenar los vacíos que la legislación de 1898, que había aportado importantes avances con respecto a las leyes emitidas por los reformistas liberales, “lo mismo que las modificaciones y la práctica y la experiencia aconsejaran”. Según Cáceres Lara, los nombrados se dividieron en tres comisiones en la forma siguiente: “Para la formación de los proyectos de Código Civil, Código de Procedimientos y Ley de Organización y Atribuciones de los tribunales, fueron designados los abogados Leandro Valladares y Mariano Vásquez. Para la elaboración de los proyectos de Código Penal Común, Código Fiscal, Ley del Notariado, Ley de Extranjería y Ley de Inmigración, se designó a los abogados Rafael Alvarado Manzano y Jerónimo Zelaya. A los abogados Manuel Villar y Rafael Alvarado Guerrero se encomendó la redacción de los proyectos de Código Penal Militar, Ley de Amparo, Ley de estado de Sitio, Ley de Imprenta y Ley Municipal, y a los abogados Crescencio Gómez y Francisco escobar se encomendó la tarea de hacer los proyectos de Ley de Policía, Ley de Elecciones y Código de Instrucción Pública. El primero de febrero de 1906 los jurisconsultos integrantes de las diversas comisiones entregaron al presidente Bonilla el resultado de su trabajo. Tales leyes, junto con la Constitución Política, empezaron a regir el 1° de marzo de 1906, fecha en que también el presidente Bonilla inauguró un período de seis años que iba a terminar el primero de febrero de 1912” (Cáceres Lara, 1980: 383). Hay que recordar que Bonilla, que había sido elegido en 1902, tuvo que librar una guerra para conseguir iniciar su período presidencial en 1903. Un año después, dio el primer golpe de gobierno en contra del Estado, rompiendo la institucionalidad constitucional. En marzo de 1907, Bonilla fue depuesto por una revolución de sus enemigos liberales y apoyada por el presidente José Santos Zelaya de Nicaragua. Posteriormente después de una revolución triunfante y cuyo resultado fue mediado por representantes de Estados Unidos, regresó al poder en 1912, para morir el año siguiente el Viernes Santo de 1913.

IV
Después que el general Longino Sánchez, se había suicidado, el gobierno de Bográn organizó un Consejo de Guerra, para juzgar a los que habían acompañado al rebelde que más que, en el ejercicio de una acción en contra de su gobierno, reaccionó, “contra enemigos personales suyos, de quienes quería tomar venganza”. Especialmente contra el ministro de Finanzas. En efecto, el 18 de noviembre de 1890, un Consejo de Guerra, reunido en Tegucigalpa, impuso las condenas siguientes: Pena de muerte a los teniente coronel, Isidoro Pacheco, comandante 2° Manuel García Z., capitanes José María Sermeño, David Lorenzana, Félix Herrera y Cruz Cáceres; tenientes, Antonio Vargas Lucha, Aquilino Torres y José Antonio Solís; subteniente Clemente Vaquedano y soldados Salvador Amador, Ramón Brizo, José María Ferrera y Francisco Sánchez. A cinco años de prisión en la Penitenciaría de Tegucigalpa, a los subtenientes José Antonio Andino Barahona, Carlos F. Varela y Gregorio Bustamante. Y absolvió al coronel Juan Pagoaga, capitanes Carlos E. Sánchez, y Federico Rivas; y a los tenientes Isidoro Sánchez, Eugenio Paquet, Ventura Velásquez y Santiago Velásquez. El general Bográn, con buen sentido, confirmó las sentencias absolutorias y condenó a todos los demás a una pena de cinco años de presidio, librándolos de la muerte por fusilamiento.

V
Algunos grupos conservadores de las provincias que consideraban que su situación no había mejorado con la independencia, se movilizaron hacia Cuba e hicieron creer a las autoridades españolas que podían recuperar Centroamérica. “El 21 de noviembre de 1831, como a las ocho de la noche, empezó a materializarse en Honduras el largo plan que los enemigos de la federación, la independencia y del General Francisco Morazán, venían urdiendo desde hacía varios meses…….El español Ramón Guzmán, al frente de 200 morenos, sorprendió al fuerte y el cuartel de Omoa, se apoderó de las armas y el parque allí habían almacenados, y logró equipar unos 500 hombres, iniciándose así un movimiento reaccionario que se venía preparando, con estímulo directo de la Capitanía General de Cuba y de los elementos conservadores expulsados por el General Morazán del ámbito centroamericano en el año 1829” (Cáceres Lara, 1980: 389,390). Esta acción estaba coordinada con el movimiento sedicioso producido en El Salvador contando con el apoyo del propio jefe del Estado José María Cornejo, así como con el que desde México encabezaba el depuesto presidente de la Federación Manuel José Arce. De Igual manera, la toma de Omoa estaba sincronizada con la acción militar del mejicano Vicente Domínguez, que consistió en la toma esa misma noche, de la goleta Fénix, que estaba amarrada en el Puerto de Omoa, capturando su capitán Dupleis, al que fusiló en la plaza del puerto sin haberle seguido juicio alguno. Usando la goleta, Domínguez, acompañado por el español Pedro Gonzales se dirigieron hacia Trujillo, la que tomaron. Domínguez bajó a tierra y avanzó con sus fuerzas hacia Comayagua; pero fue vencido en los combates de Opoteca y Espino. Inmediatamente de su derrota, fue capturado y fusilado. Mientras tanto Guzmán, solicitó apoyo a Cuba. En la embarcación General Domínguez, capitaneada por el español Juan Miguel Arrechea, y en la que venían pertrechos y alimentos para los facciosos, fue derrotada por una goleta del Gobierno Federal. En esta operación cayó preso Antonio Fernández, que había entregado a Justo Milla en 1826, la plaza de Comayagua. Junto a José Suárez Y Ciriaco Velásquez, Fernández fue fusilado inmediatamente. Lo mismo ocurrió a Ramón Guzmán, que fuera fusilado el 13 de septiembre de 1832. Los que han dicho que la independencia se había logrado sin derramar una gota de sangre, cosa que no es cierta, tienen que aceptar que la defensa de la misma, supuso muchas luchas, fieros combates y mucha sangre derramada en las campiñas hondureñas.