Rafael Delgado
Desde el Capítulo de San Pedro Sula del Colegio Hondureño de Economistas hemos hecho desde hace varios años las advertencias sobre la dinámica de endeudamiento público del gobierno actual. Al principio sabíamos que las nuevas deudas, después de la condonación de principios del milenio, no comprometían tantos recursos. Los cálculos allá por el año 2012 indicaban que esto representaba alrededor del 34% del PIB representando todavía un peso manejable. Sin embargo, estábamos conscientes que una vez iniciado el proceso de endeudamiento bajo las condiciones políticas débiles del país, se abría la brecha que nos lanzaría a una espiral ascendente de endeudamiento público. Quedaban además los cuestionamientos sobre el uso que se le darían a los recursos.
Y precisamente eso ocurrió. Alentado también por los organismos internacionales, el gobierno no paró y se endeudó con la banca nacional, con la banca internacional y emitiendo bonos soberanos. El dinero entró en abundancia para todos los planes y caprichos imaginables. Pero además funcionó en términos políticos, ya que el endeudamiento creó esa falsa percepción que el dinero entró y los problemas se arreglaron sin ningún sacrificio. Al menos en los primeros años.
Ahora los informes que se publican indican marcas históricas. Se estima, al menos oficialmente, que el endeudamiento público anda por 15,466 millones de dólares, lo que constituye alrededor del 59% del PIB del país. Ahora que las deudas deben pagarse, esa falsa ilusión de que las dificultades se superaron terminó y es ahora cuando empieza a pesar los compromisos asumidos. El servicio de la deuda desde hace varios años ya absorbe cantidades considerables del Presupuesto General de la República y por consiguiente de los tributos que el gobierno recauda de los ciudadanos. La liquidación del presupuesto del 2020 indica pago de intereses que llegan a 24 mil millones de lempiras y 39 mil millones por pago a capital. El 2021 y el 2022 estas cifras seguirán creciendo. Estos compromisos del Estado de Honduras representan sumas que sobrepasan los recursos asignados anualmente para salud y educación pública. De esta forma que se configuró una situación donde una buena porción del Presupuesto General de la República está comprometido para honrar las deudas asumidas en el recién pasado.
Lo peor de la situación a la que nos han lanzado es que el incremento de la deuda ha venido acompañado de situaciones sumamente irregulares que descubren el despilfarro, el desenfoque, los sobreprecios de la inversión y el gasto público. Por todos lados, se ha proyectado la sombra de una mala gestión de los recursos. Por ello, con lo anterior no se puede esperar que los impactos reales sobre el bienestar de la población sean evidentes y sostenibles.
Indudablemente que de ahora en adelante no podrá esconderse más la dimensión de esos compromisos con los acreedores que seguirán ocupando mayor espacio en el presupuesto de cada próximo año. No podrá soslayarse más la necesidad de saber con precisión dónde y cómo se invirtieron cada lempira o dólar de deuda contraída. Por ello la preocupación es evidente y justificada.
Las ideas lanzadas sobre la necesidad de una renegociación deben discutirse. Indudablemente que se requiere de esfuerzos regionales para lograrlo al menos en el caso del endeudamiento con los organismos multilaterales que seguramente argumentarán sobre la dificultad de negociar una deuda que ya es de largo plazo y en términos concesionales. Pero está también la deuda asumida con la banca nacional y la de los bonos soberanos con la que una negociación parece también complicada y que se someterá a los fríos cálculos de los acreedores y de los mercados de capitales. Sin duda alguna, que el momento es propicio y el éxito dependerá del compromiso de las nuevas autoridades por darle un giro fundamental al manejo de los fondos públicos sean estos de origen tributario o producto del financiamiento que puede apoyar en una salida a las dificultades financieras del país.
