Por: Marcio Enrique Sierra Mejía
Percibo que el desarrollo del proceso de la transición que está impulsando la presidenta electa Xiomara Castro, es relativamente apropiado. En sus primeros días poselectorales, ha demostrado un dinámico accionar, que va generando la percepción de que existe un buen sentido de política económica, en la conducción de la toma del poder del gobierno.
Las comisiones responsables encargadas de abordar los temas claves del plan de gobernanza económica. Son serias y demuestran profesionalismo y capacidad técnica para abordar los diversos objetivos blancos de la gestión gubernativa. En ese sentido, el tema de la Inversión Extranjera Directa (IED), sin incluir las maquilas, nos debe llamar la atención porque son vitales para asegurar la reactivación económica y, por ende, la estabilidad no solo política, sino que también la económica y social.
Al respecto, se debe reconocer que crear incentivos para la inversión extranjera es una condición sine qua non porque, como lo dice Laura Dachner, experta en comercio y competitividad en el grupo Banco Mundial, constituye un importante motor de crecimiento económico, de diversificación económica y transformación estructural. Por el contrario, anularlos puede tener un efecto contraproducente para el anhelado desarrollo que se propone el nuevo gobierno. No es sensato, promover acciones que afecten negativamente la generación de incentivos económicos estratégicos. No le conviene al nuevo gobierno, asumir actitudes políticas emocionales de “rechazo o anulación” de mecanismos creados, para atraer inversión extranjera, sin realizar una apropiada renegociación. Lo que le conviene es mejorarlos, reformarlos, ajustarlos y ponerlos en práctica, de acuerdo a los criterios de política económica que tiene el nuevo gobierno.
El caso actual del régimen de incentivos que ofrecen las ZEDE, significa ocasionar, aproximadamente 25 mil puestos de trabajo para el año 2025, precisamente el período de despegue del nuevo gobierno, con una inversión conjunta que superaría, los 1 mil millones de dólares (estimación conjunta entre las tres ZEDE, año 2021). Un impacto financiero positivo que tendría un efecto político importante para las expectativas de la presidenta Xiomara Castro.
Las ZEDE no son un mecanismo pétreo. Su normativa muy bien puede modificarse a través del diálogo y una renegociación política inteligente. A través de la cual, se logre una reforma a la ley, y que puede implicar, cambios favorables al gobierno al establecer criterios de perfeccionamiento en la normativa legal. Desde cambiarle el nombre, hasta reformar artículos particulares que se requiera sustituir o establecer con un nuevo sentido incentivador.
El nuevo gobierno tiene que actuar con inteligencia y sobrado talento político para fortalecer con adecuados incentivos las condiciones de atracción de inversionistas nacionales y extranjeros. Caer en una posición gubernativa de “borrón y cuenta nueva”, con relación a instrumentos que contemplan beneficios para los inversionistas, es un error político que les puede generar tremendas consecuencias negativas, en el despegue político del gobierno. Por el contrario, si asumen una posición de rectificaciones e innovaciones negociadas con los inversionistas que ya han invertido o que van a invertir, se crea un clima propicio para atraer a los inversionistas.
Superar, las objeciones que tiene el nuevo gobierno sobre las ZEDE, es inobjetable. Y caer en el extremo de su eliminación, es tomar un camino político insensato y perjudicial para atraer a los inversionistas nacionales y extranjeros. El perjuicio que ocasionaría cancelar las ZEDE, es inconveniente desde cualquier ángulo que se vea, porque definitivamente, causaría un tropiezo político crítico, para lograr la reactivación económica, que necesitan realizar las nuevas autoridades en el poder del gobierno.
El nuevo gobierno, no debe caer en una posición política irresponsable que cause la caída de las inversiones extranjeras. Por el contrario, tiene la oportunidad para mejorar las determinantes de la Inversión Extranjera Directa: la situación macroeconómica, el régimen fiscal, la seguridad jurídica y ciudadana, las condiciones logísticas por su ubicación y acceso a los mercados y a los insumos, los costos y calidad de los recursos, la infraestructura, los servicios y otros factores internos.
En consecuencia, el mecanismo ZEDE formulado para atraer inversionistas nacionales y extranjeros, puede reformarse para que jueguen un papel muy importante en la economía de Honduras, por ser una solución viable, para establecer conexiones, gestionar estímulos, ser transparente y previsibles, proporcionar garantías y contrarrestar cualquier percepción de incertidumbre. Y que, además, han probado ser fuentes de capital y tecnología, promotoras del crecimiento.
Definitivamente, al nuevo gobierno le conviene renegociar el nuevo estatus jurídico para las ZEDE, que no signifique su derogación total, pero sí una modificación de aquellos aspectos que se consideren pertinentes de reforma. Con este mecanismo, Honduras, puede resaltar la transparencia y los incentivos que da como factores claves para captar inversionistas nacionales y extranjeros. Necesitamos una inversión extranjera que le apueste a Honduras, porque cuenta con un marco legal, ideal para mejorar las relaciones con los posibles inversionistas.
