(Fuerza democrática, Estado de derecho y derechos humanos)
Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos
La democracia hondureña y el Estado de derecho se vieron fortalecidos en el reciente proceso electoral presidencial, debido a la histórica y masiva participación ciudadana, que tuvo la oportunidad de elegir en una paleta de diferentes partidos políticos quién ocuparía la Presidencia de la República y curules en el Congreso Nacional, así como alcaldías municipales de los diferentes departamentos que conforman la división política de nuestro país.
Solo en democracia y su sistema de derecho (perfectible), se crean los mecanismos para hacer realidad este tipo de procesos políticos. La tolerancia y la inclusión política han sido factores decisivos para que la población se exprese en el ejercicio del sufragio. Los partidos políticos midieron su fuerza a través de la cantidad de votos escrutados hasta la fecha y así se posicionan como segundo, tercer y cuarto lugar en liderazgo, lo cual se constituye en un pilar fundamental para el sostenimiento del sistema democrático y de derecho.
Independientemente del poder adquirido por el partido ganador, es necesaria la oposición sesuda y con fundamento jurídico social, para equilibrar el ejercicio público esperado, ya que en nuestro país la oposición política histórica y actual ha jugado un papel fundamental en la construcción de la crítica constructiva como fundamento y respaldo de acciones ejecutivas y legislativas que aseguren el bienestar social.
Con la llegada de un nuevo gobierno se refresca la esperanza social, se crea alta expectativa por que se alcancen cambios estructurales e históricos para Honduras, como por ejemplo que se aplique una gobernanza meritocrática en la cual las personas puedan ocupar cargos públicos por capacidad y no por compadrazgo político como ha sido costumbre. Lo cual evidentemente será un proceso gradual, pero muy conveniente si realmente se quieren sanear los vicios políticos ocultos que han llevado a nuestro país a donde está ahora.
Si la democracia se fortalece, mejora el sistema de derecho y los derechos humanos, elementos que conforman un triángulo virtuoso necesario en las actuales democracias socavadas por la corrupción y el fenómeno migratorio como consecuencia en gran parte de la primera, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó en su revista número #49 una serie de opiniones técnicas jurídicas y de derechos humanos que justifican el sentido de este artículo, verbigracia: “en la cultura jurídico-política contemporánea, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos se han constituido en los elementos esenciales de legitimación y deslegitimación de cualquier poder, y entre ellos mantienen una relación triádica que les permite a cada uno definirse, completarse y adquirir sentido en función de los mismos; por ello, es muy difícil encontrarnos con algún gobierno que no se autodefina como democrático, y que no contemple dentro de su discurso y sus prioridades -aunque sea de manera formal- la defensa de los derechos humanos de la población sujeta a su jurisdicción.
El Estado de derecho se caracteriza por ser un sistema político basado en la disciplina legal y el monopolio estatal del uso de la fuerza, con el objetivo de suprimir o al menos disminuir la violencia en las relaciones interpersonales; la democracia es caracterizada como una técnica de convivencia orientada a la solución no violenta de los conflictos. Por tanto, en un Estado democrático de derecho no debería existir otra violencia legal que aquella mínima necesaria para prevenir formas de violencia ilegales más graves y vejatorias.
De ello se desprende que el fin primordial del derecho es limitar y vincular al poder -público y privado- para garantizar la inviolabilidad de la dignidad humana, razón por la cual se ha sancionado en la mayoría de constituciones latinoamericanas (a) que todos y todas debemos estar sometidos a la Constitución y a las leyes (imperio de la ley); (b) que la mejor manera de equilibrar la fuerza de los poderes públicos y evitar el absolutismo es mediante su división y control mutuo (separación de poderes); (c) que las actuaciones de la administración pública deben ser acordes con la legalidad y sometidas a control judicial (legalidad de la administración), y (d) que el respeto y realización de los derechos humanos son la garantía para la protección de la persona como fin supremo de la sociedad y el Estado. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r24581.pdf
El fin de la democracia y la República debe transitar a convertirse en una realidad experimentada por cada ciudadano (a), así la mayoría de la población comprenderá que este sistema si es garantista de sus derechos fundamentales y le posibilitará emprender y tener acceso a la salud, educación, alimentación y seguridad ciudadana, lo cual indiscutiblemente dignificará la vida de los hondureños.
