Rafael Delgado Elvir
La voluntad del soberano debe de respetarse y cualquier maniobra, de donde venga, dirigida a manipular resultados a favor de algún partido o de algún candidato en especial, es condenable. Más allá de la sanción moral que corresponde, que hasta ahora no se hace, estas acciones sistemáticas o aisladas de falsear resultados electorales debe ser también castigada con todo el peso de la ley. Desgraciadamente las cosas pasan, se denuncian y no ocurre nada, provocando que el fraude se convierta en la normalidad aceptada cada vez por más personas. En la actual coyuntura electoral del país, esto está ocurriendo a nivel de la papeleta de candidatos a diputados al Congreso Nacional, donde las evidencias presentadas por candidatos ponen sobre la mesa situaciones que nos recuerdan lo débil de nuestras instituciones políticas y sus protagonistas. Corresponde, por lo tanto, darle seguimiento y en aras de la gobernabilidad del país, responder en el marco de la ley a las sistemáticas acusaciones de diferentes candidatos a diputados.
Por allí, el cinismo afirma que así es la política; en especial la política hondureña siempre ha sido así y que a eso debemos acostumbrarnos. Pero muchos hondureños, jóvenes y viejos, se niegan a aceptarlo como algo normal. Sobre todo, cuando se sabe que en el mundo hay países que han mejorado sus sistemas de elección popular y que el fraude podrá ocurrir, pero se trata de un problema con tendencia a ser marginal. Aún más, cuando es notorio que las causas de los desastres políticos que posteriormente se construyen, son precisamente por un proceso electoral contaminado por el fraude, este se vuelve de gran importancia eliminarlo. Del político que siendo candidato a diputado recurre a un ejército de gente pagada para que “cuide las urnas”, con instrucciones precisas de ganar la urna o el centro de votación a cualquier costo, no se puede esperar que sea ni un buen ciudadano mucho menos un legislador comprometido con el soberano y la democracia.
Seguramente no se resuelve todo, pero es necesario enfocar los esfuerzos para que desde las mesas receptoras de votos no se generen los espacios y las condiciones para imponer la voluntad de los corruptos. Esa costumbre de entregar en las elecciones primarias y generales el control de las mesas, el escrutinio y la transmisión de datos a las maquinarias partidistas insensibles a los valores democráticos, seguirá hundiendo más los resultados electorales a los bajos niveles de credibilidad que se merecen. Hay honrosas excepciones de ciudadanos que entiende su misión como un voluntariado cívico y que por décadas han estado allí en todos los procesos electorales velando por un proceso justo, pero eso ha sido ensombrecido por miles de mercenarios que llegan y quizás solamente han entendido las instrucciones de su capo político, pero nunca han entendido el profundo significado de esa cita histórica para el país y todos los ciudadanos. Por ello rayan los votos a su favor, destruyen los de otros candidatos, transcriben resultados con cifras absurdas entre otras cosas.
Las universidades del país deben sumarse a un proyecto nacional de mejorar los procesos electorales. Los miles de jóvenes que estudian en las aulas universitarias constituyen una veta muy valiosa que podría contribuir a mejorar sustancialmente la calidad de las elecciones. La idea ya ha circulado en reiteradas ocasiones y debe de dársele seguimiento para concretizarla en un proyecto que puede contribuir no solamente al mejoramiento de los procesos electorales, sino también como una oportunidad para crear buenos ciudadanos. Ya que en su paso por las aulas universitarias se forman profesionalmente, los jóvenes podrían recibir a tiempo formación como voluntarios electorales y cubrir en gran medida las necesidades de personas conocedoras de la ley que tanto se requieren el día de las elecciones. Los procesos electorales no pueden seguir en las manos de mercenarios que al servicio de los intereses de candidatos y partidos han sido capaces de verdaderos crímenes a la democracia del país.
