Por: Edmundo Orellana
Para los que creen que el juicio político contra los altos funcionarios del Estado es un atentado al orden constitucional, debemos recordarles que se trata de un mecanismo reconocido en la Constitución de la República cuya finalidad es deducir responsabilidad política a quienes ostentan altos cargos en el Estado.
Mientras todos los funcionarios son responsables administrativa, civil y penalmente, los altos funcionarios del Estado son, además, responsables políticamente. Lo son administrativa, civil y penal cuando infringen la ley, de modo que si el contraventor incurre en responsabilidad administrativa, se sanciona mediante el procedimiento disciplinario y si incurre en la civil o penal se sancionará mediante proceso judicial, sustanciado en la respectiva jurisdicción, incluida la acción de repetición, consagrada en nuestra Constitución, para que el funcionario resarza con recursos de su patrimonio personal los daños y perjuicios al Estado por sus actos ilegales. En el caso del disciplinario, antes de la creación de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, la autoridad nominadora despedía al empleado entregándole el famoso “sobre blanco”, sin acreditar la comisión de la falta; a partir de la creación de aquella jurisdicción el debido proceso es requisito esencial para acreditar la justa causa del despido.
La responsabilidad política -que es la que se deduce mediante el juicio político- surge, en cambio, cuando el alto funcionario quebranta la confianza en él depositada por su “manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo”, atente contra los valores y principios constitucionales y contra los intereses nacionales.
Desde la antigüedad ha sido preocupación recurrente de los pueblos deshacerse de los malos gobernantes, por eso acudieron a mecanismos de autodefensa popular para expulsar de las posiciones de poder a quienes las ostenten. Los griegos recurrieron al “ostracismo” para expulsar, en asamblea solemne del pueblo, de su comunidad, temporalmente, a quienes consideraban un peligro para el bien común escribiendo su nombre en el “ostrakón” (concha de ostra). Plutarco relata lo siguiente: “Estaban en esta operación de escribir las conchas, cuando se dice que un hombre del campo, que no sabía escribir, dio la concha a Arístides, a quien casualmente tenía a mano, y le encargó que escribiese Arístides; y como este se sorprendiese y le preguntase si le había hecho algún agravio: “Ninguno -respondió-, ni siquiera lo conozco, sino que ya estoy fastidiado de oír continuamente que le llaman el justo”; y que Arístides, oído esto, nada le contestó, y escribiendo su nombre en la concha, se la volvió”.
Los romanos contaban con los “censores”, celosos de la moral pública, con potestades para expulsar a miembros del senado por conducta corrupta o ilegal. En donde no contaban con estos mecanismos se recurrió al asesinato para deshacerse de los malos funcionarios, o, como ocurrió en Francia, a la revolución.
“Si no permitimos el juicio político presidencial, advirtió Benjamín Franklin, el único recurso para el abuso de poder será el asesinato”, según Tribe y Matz (El fin de una presidencia. El poder del impeachment). La propuesta, continúan estos autores, se basó en la doctrina inglesa de la destitución -el impeachment- que, desde 1376, se forjó en el crisol de las contiendas entre la Corona y el Parlamento. Para frenar los abusos y proteger sus prerrogativas, la Cámara de los Comunes procesaba a los poderosos infractores ante la Cámara de los Lores, pero luego cayó en desuso, siendo revitalizado hasta el siglo XVII, tras la Guerra Civil inglesa, para destituir a los ministros, no al rey, que gobernaba por derecho divino, con el propósito de que estos rindiesen cuentas al Parlamento y no al rey, para sustituir las pretensiones absolutistas con la supremacía parlamentaria.
La responsabilidad política de los altos funcionarios ha sido, pues, la preocupación de los pueblos desde la antigüedad, forjando mecanismos civilizados de autodefensa para combatir el abuso de poder. El juicio político es uno de esos mecanismos civilizados (otro es el mandato revocatorio) para remover los altos funcionarios que con su negligencia, incapacidad e incompetencia pierden la confianza de su pueblo, y atentan contra los valores y principios constitucionales y contra los intereses nacionales.
Se resisten al juicio político también porque temen ser comparados con Bukele por la destitución que este promovió contra los jueces constitucionales. Pero la salud de la República exige su uso porque hay causa legítima suficiente para ello y porque de no hacerlo el primer año del próximo gobierno será continuamente torpedeado desde las trincheras incondicionales a JOH, con las que tendrá que coexistir. Para que el juicio político sea usado contra quienes lo merecen debemos decir con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
