De las calles a la cárcel: manifestantes denuncian “cacería de brujas” en Colombia
Bogotá, Colombia | AFP. “El caso se parece a la película argentina ‘La noche de los lápices'”, denuncia el concejal centroizquierdista Diego Cancino. “Pasa la persecución de la protesta y, tiempo después, cuando la cosa está más calmada, cuando los ánimos están más apaciguados, ¡prum! Viene la andanada de la persecución judicial”, explica.
Colombia vive un inédito movimiento de protestas desde 2019, que periódicamente empuja a miles de personas a las calles en uno de uno los países más desiguales del mundo, en el que el 42% de sus 50 millones de habitantes vive en la pobreza.
Esta vez la represión policial avivó el descontento y provocó un llamado de atención de la ONU. Sin un liderazgo definido, jóvenes clamaron por una reforma policial y un Estado más solidario.
“Esto no nos va a amilanar. Ser defensor de derechos humanos no es un delito, protestar no es un delito”, dice la activista Juliana, a quien la fiscalía acusa de liderar el supuesto grupo que formaban los siete detenidos.
– Las pruebas –
Desde una estación de policía los capturados atendieron tres días de audiencias virtuales. La fiscalía presentó la declaración de un testigo e interceptaciones telefónicas en las que algunas los detenidos hablaban de “gasolina”, “pólvora” y cortes de ruta.
Estas personas no solo “crearon un grupo radical organizado, sino que en ninguna de sus convocatorias buscaban un fin legítimo, siempre la única finalidad de este grupo fue la confrontación directa. Aquí no hay ninguna lucha de un pueblo, ni una lucha social, aquí hay una lucha directa de odio y de vandalismo”, lanzó la fiscal del caso.
Videos muestran a encapuchados destrozando edificios. Aunque no se puede identificar a los imputados, la fiscal aseguró que “la convocatoria, el liderazgo y la autorización para estar allí estuvo en cabeza de este grupo”.
Un juez determinó que estos siete jóvenes son un “peligro para la sociedad” y no podrán defenderse en libertad. Los abogados apelaron la decisión.
“¿Por pensar diferente los quieran matar, los quieran encerrar, les quieran callar la boca?”, se pregunta Esperanza Ávila junto a una pila de fotografías de su hijo, Julián Barón (20), uno de los siete detenidos.
Por sus logros académicos recibió una beca universitaria en Bogotá y tenía la posibilidad de convertirse en el primer profesional de la familia, dice conmovida. Su padre es bombero y Esperanza tiene un puesto de comida rápida.
Al arresto siguió el temor constante. Detenida en casa, Juliana vive la Navidad más “dolorosa”.
“Tengo miedo todo el tiempo, incluso en este momento me están temblando las manos”, confiesa.
