Rafael Jerez Moreno
Abogado
Después de las elecciones generales suele haber una “luna de miel” entre los ciudadanos y el nuevo gobierno para que este ponga en práctica su proyecto político. La presidenta electa, Xiomara Castro, enfrentará el reto de navegar entre esa luna de miel y ciertas demandas sociales que difícilmente se pueden postergar. De cualquier manera, el error que no deben cometer los partidos políticos que ahora serán gobierno, y ya no más oposición política, es creer que esa luna de miel durará 4 años.
Recientemente, el actual vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, fue entrevistado por el caricaturista, y también diputado, Ángel Darío Banegas. En la entrevista Rivera mencionó que, para el 28 de noviembre la dirigencia del Partido Nacional ya tenía conocimiento de que perdería la Presidencia de la República, y que concentrarían sus esfuerzos en los niveles legislativo y municipal. El diputado reconoció que su partido había sufrido un desgaste después de 12 años en el poder e hizo una analogía entre la integración del Congreso Nacional del período 2014-2018 y la del período 2022-2026. Todos estos puntos son relevantes. Primero, si el Partido Nacional sabía que la elección presidencial la tenían perdida, cobra sentido el porqué estarían conservando por lo menos 132 titularidades de corporaciones municipales y alrededor de 44 diputaciones del Congreso Nacional. Adicionalmente, Nasry Asfura obtuvo 1,240,260 votos a su favor. Es decir, el Partido Nacional recibió un voto de castigo, pero con todo y los actos de corrupción y otras acusaciones pendientes en contra de sus dirigentes, los números reflejan que no es una organización política muerta. El clientelismo y el uso de los recursos del Estado les ayudaron, sin duda.
La analogía con las elecciones de 2013 es pertinente porque ese fue el primer proceso electoral en el que participaron cuatro verdaderas fuerzas políticas, con la inclusión del Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Libertad y Refundación (Libre). Como resultado de esos comicios fueron electos 48 diputados del Partido Nacional, 37 del Partido Libre, 27 del Partido Liberal, 13 del PAC, 1 del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (DC), 1 del Partido Unificación Democrática y 1 del Partido Innovación y Unidad. En el 2017 había cuatro actores políticos, pero dos de ellos se juntaron en la Alianza de Oposición contra la Dictadura, solamente compitieron tres fuerzas políticas en términos organizacionales. En el 2021, nuevamente compitieron cuatro fuerzas en los niveles legislativo y municipal, con la participación del Partido Salvador de Honduras (PSH). La integración del próximo Congreso Nacional se distribuiría en 50 diputados de Libre, 44 diputados del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal, 10 del PSH, 1 del DC y 1 del PAC. Es decir, los diputados que pierden el Partido Nacional, el Partido Liberal y la fuerza política liderada por Salvador Nasralla, se sumaron a la victoria de Libre.
El triunfo de Xiomara Castro fue arrollador, sin duda, a lo que contribuyó Salvador Nasralla y los votantes independientes. Pero cometerían un error si subestiman al Partido Nacional y al Partido Liberal, porque si bien la derrota fue indiscutible a nivel presidencial y se replicó en las alcaldías del Distrito Central y San Pedro Sula, los números globales de alcaldías y diputaciones dan cuenta que el bipartidismo no ha desaparecido. Será importante observar cómo cambia la dinámica ahora que el Partido Nacional ya no dispondrá de los recursos públicos del Estado, pero si quiere implementar un proyecto político sostenible, Libre tendrá que priorizar propuestas y comunicarlas eficazmente a los ciudadanos para prevenir un desgaste temprano, precisamente por el débil Estado que hereda del Partido Nacional. Por otro lado, el PSH tendrá que evitar el destino que tuvo el PAC y utilizar este primer ejercicio como una base para construir un partido político que aspire a ganar mayor capital político. Las decisiones en el PSH tienen que estar puestas en posicionarse como una alternativa, en cuatro y ocho años, para ese porcentaje de ciudadanos que no confía en los partidos políticos tradicionales.
