Por: Edgardo Rodríguez
Politólogo y Periodista
No es la primera vez que sucede, que durante el escrutinio de las elecciones primarias y generales se presentan denuncias de adulteración de las actas, especialmente en el nivel de diputados, es más, en ciertos reducidos ambientes de los partidos conocen bien el procedimiento para sobornar a los representantes en las mesas de votación, como también a los transcriptores de los resultados, que generalmente se ubican en las instalaciones de Infop, donde se efectúa el escrutinio nacional, esa ha sido una vieja práctica en los tres partidos de mayor arrastre electoral. Las denuncias llegaban al Ministerio Publico, pero no pasaba nada, todo quedaba en la total impunidad, pero en el reciente proceso electoral las cosas parecen empezar a cambiar.
Si la memoria no me falla es la primera vez que se dicta un auto de formal procesamiento con prisión preventiva, contra una persona que cometió delito electoral. El primer detenido es Norman Dionisio Rivas, miembro de una Junta Receptora de Votos y Mesas de Verificación en Tegucigalpa, él estaba en representación del Partido Nacional. Este ciudadano, que se coludió para cometer un ilícito, ya fue remitido a la cárcel de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán. Según el Código Penal, el delito de falsificación de documentos electorales tiene una pena de 3 a 9 años de cárcel.
Las detenciones no solo se produjeron en la capital, también en San Pedro Sula, la Fiscalía de Delitos Electorales emitió dos requerimientos fiscales en contra de dos mujeres, que supuestamente cometieron los delitos de usurpación de documentos electorales y de personalidad. Lo anterior nos indica que esa vieja práctica fraudulenta se ha extendido como cáncer por varias de las ciudades con mayor caudal electoral del país. De acuerdo a lo informado por el Ministerio Publico la persona que ya guarda prisión en la cárcel de El Porvenir, actuó para favorecer a ciertos diputados nacionalistas, por las denuncias hechas en su contra se presume que entre ellos estaba el exministro Ebal Díaz, pero que finalmente no resultó ser electo como miembro del nuevo Parlamento.
Tanto el Consejo Electoral, como el Ministerio Publico, se anotan una calificación muy positiva, por haber actuado en contra de las personas que se prestaron para adulterar la voluntad popular. No obstante, quedarán en la impunidad los cómplices intelectuales del delito electoral, esos que con compraron a los autores materiales del ilícito. Habrá justicia a medias, contra los operadores materiales, pero los más peligrosos, esos ganan curules y se sentarán a la mesa de negociaciones de donde obviamente obtendrán más canonjías.
Esa acción ejemplarizante luce como un lunar blanco en un gran tapiz negro de impunidad y no solo del partido de gobierno, sino también de otros, que han sido denunciados públicamente pero los operadores de justicia se han hecho de la vista gorda, porque se trate de personajes de la hasta hace poco oposición política, a ellos, no se les puede tocar y ahora que serán gobierno mucho menos, serán sus enemigos políticos e ideológicos los que probarán el sabor amargo de la persecución política, que se ve venir, como antes de la tormenta cuando el cielo se oscurece y es obvio lo inminente.
En síntesis, por más de una razón, las pasadas elecciones fueron históricas, por fin se vio funcionar la justicia electoral, por fin algunos que se atrevieron a traspasar el límite de lo permitido por la ley pagarán la pena de ser sometidos a procesos judiciales, que ya sea que terminen en cárcel o sean absueltos, quedarán marcados como responsables de un delito que pocas veces en la historia del país se ha castigado.
