Por: Edmundo Orellana
La constitucional fue la gran desconocida, de todas las jurisdicciones, durante la mayor parte del siglo pasado. Se recurría a ella solamente en casos de “habeas corpus” (por nuestra atormentada historia de violaciones a los derechos humanos) y, ocasionalmente, en amparo, último este que tenía el mismo efecto (favorecía únicamente al recurrente) de la inconstitucionalidad y por esa razón era más utilizado que esta.
A finales del siglo pasado comenzó a surgir un interés especial en esta jurisdicción desde que se comprendió su utilidad para revertir y sancionar las violaciones a la Constitución, con la consiguiente reparación a las violaciones de los derechos humanos. Lo que condujo a la creación de la Sala de lo Constitucional, supuestamente, nuestro tribunal constitucional, con la misión especialísima y elevada de defender la Constitución.
Su misión es la más importante porque, defendiendo la Constitución, defiende también la República, las instituciones democráticas y el Estado de derecho, protege, a la vez que restablece, los derechos fundamentales violados. Su misión es tutelar el sistema constitucional, reprimiendo los actos y actuaciones que traspasen los límites preestablecidos en la Constitución para evitar el abuso del poder por quienes lo ejercen, se trate del presidente, del Congreso, de la Corte Suprema misma u otras instituciones estatales, incluidas las Fuerzas Armadas. Ninguna institución está fuera de su alcance porque todas tienen el deber de actuar dentro de los límites que fija la Constitución y responder en caso de infringirlos.
Cumplió su misión cuando declaró inconstitucional el decreto de reforma constitucional por la que el Congreso se arrogó arbitrariamente la potestad de interpretar la Constitución, como procedimiento para reformarla; también cuando declaró inconstitucional la primera reforma constitucional que instituía lo que conocemos como ZEDE. Sin embargo, con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, provocada por esta última declaratoria de inconstitucionalidad, se marcó un antes y un después en esta jurisdicción, caracterizado por su desprecio hacia la Constitución.
A partir de ese momento, la Sala de lo Constitucional cambió su misión y cuando declaró la inconstitucionalidad de preceptos constitucionales, la pervirtió. Ese fue el momento en que la Sala sustituyó la primacía constitucional por la primacía de su autoridad, sacrificando los principios, valores y reglas consagrados en la Constitución para imponer su arbitrio. En adelante, sus sentencias se apegan, no a la Constitución, sino a lo que los magistrados entienden que es lo conveniente.
La conveniencia no es caprichosa. Por sus sentencias, es obvio, que privilegia lo que beneficia al gobierno, especialmente al gobernante. Por eso la declaratoria de inconstitucionalidad de la prohibición de reelegirse, pero también la desestimación de las acciones de inconstitucionalidad contra las ZEDE, así como el rechazo de las acciones contra las leyes del pacto de impunidad, el Código Penal de la impunidad y demás. Contribuyó a la expulsión de la Maccih y decidió acciones de amparo beneficiando los favoritos del régimen, como cuando se ordenó la interrupción de las investigaciones sobre actuaciones del diputado-presidente en la ejecución presupuestaria del Congreso.
De esto pasó a la arbitrariedad generalizada. Un caso especialmente interesa destacar porque la víctima es la UNAH. La Sala decidió, arbitrariamente, ejecutar directamente una sentencia de amparo nombrando juez ejecutor, quien embargó cuentas bancarias de la UNAH (todas, diligencias improcedentes en el juicio de amparo), causándole daños millonarios que limitan su acción educativa superior, en un caso en el que se sospecha fraude contra la UNAH. Si este caso fuese aislado, resultaría grotesco por su arbitrariedad, pero no sorprende a nadie, puesto que es el comportamiento habitual de la Sala; se convirtió en la piedra angular del sistema de impunidad.
Esta es la Sala de lo Constitucional que acompañará al próximo gobierno durante su primer año, el más importante de su período, ciertamente. Es inevitable invocar el tema del juicio político en este caso, puesto que esperar a que concluyan su mandato es concederles la oportunidad para frustrar la acción restauradora de la Constitución, de la República, la democracia y el Estado de derecho que se propone el nuevo gobierno.
Para quienes entran en pánico ante esta eventualidad, advertimos que es un remedio consagrado en nuestra Constitución para este tipo de patologías, que culmina sin traumas: se sanciona con la destitución; de ahí, que la renuncia evitaría el juicio y la remisión del expediente al MP para que este, obligatoriamente, evalúe si los ultrajes a la Constitución constituyen delito. Para que el gobierno próximo no tenga que coexistir con enemigos institucionales, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Estimado lector: que sea muy feliz en el Año Nuevo, condenando todo exceso del poder, diciendo: ¡BASTA YA!
