Jorge Valladares Valladares
Como nunca esta máxima de la filosofía política aplica a Honduras, el pueblo ha hablado y de forma contundente. Esta expresión tiene sus raíces en épocas pretéritas del mismo Séneca: crede mihi, sacra populi lingua est, “créeme, sagrada es la lengua del pueblo”. Contradecirla trae sin duda consecuencias.
Las recién elecciones generales del 28 de noviembre dejan muchas lecciones, tanto para los políticos, como para el ciudadano de a pie, empresarios, obreros, profesionales independientes, cooperantes, etc. Realmente no se ha analizado aún lo suficiente el profundo significado del voto de protesta que retumbó en las urnas en las elecciones más concurridas en la historia democrática reciente.
El primer atisbo obvio es el castigo al mal gobierno y al contubernio de este con élites empresariales, grupos de poder e inclusive con el crimen organizado. El pueblo de Honduras resonó en las urnas demandando ética, conductas probas y un alto al saqueo de recursos públicos por medio de actos abiertamente corruptos, a plena luz del día, sumado a un pésimo manejo de la pandemia, desastres naturales y concesiones sobre el territorio y sus recursos naturales más allá de lo tolerable y ofendiendo la más llana noción del sentido común de lo que no se debe hacer desde el ejercicio de un cargo público.
Pero el voto de castigo fue más allá, la ciudadanía demanda resarcir un Estado de derecho que ha sido desmontado para beneficio de pocos y concentrando el poder en el titular del Poder Ejecutivo. La nueva administración, junto al Poder Legislativo tienen la imperiosa misión de deshacer todo el entramado legal que afectó seriamente el Estado de derecho, la gobernabilidad, los bienes públicos y la persecución del delito, en especial la corrupción y el crimen organizado que aún campea en nuestra nación. Volver al Estado de derecho debe pasar por un análisis previo y profundo sobre el estado de nuestra legislación respecto tanto del texto constitucional como de los tratados internacionales en diversas materias. Sería sin duda un plan integral hacia la consolidación del sistema jurídico nacional. Para ello sin duda habrá que derogar todos los adefesios legislativos emitidos en esta legislatura, que será mal recordada.
El pueblo también reaccionó ante la amenaza de su territorio, hacia el irrespeto de la promoción del ser humano como centro de la sociedad y el Estado, buscando un modelo de desarrollo basado en la distribución igualitaria de las riquezas y generando un modelo de Estado social y más democrático tal como bien y generosamente lo desarrolla nuestra Constitución.
El mensaje también es que se votó por una Alianza y no solo por una institución política. Jóvenes indecisos, militantes de todos los partidos políticos que estaban insatisfechos entre otros sectores se volcaron a dar un apoyo contundente a un gobierno de integración que conduzca la nación a una nueva ruta. Es por ello plausible que la Alianza está dejando atrás temas de división y controversiales como una Constituyente que además de innecesaria, generaría temprana división entre los sectores políticos que justamente se han apoyado para que gobiernen juntos.
El voto emitido por el soberano nos dejó un ambiente de paz y armonía basado en su mensaje contundente, de desmontar a una clase política que no comprendió que todo tiene un límite, la ley y que este pueblo desea contundentemente rescatar su soberanía, fortalecer sus instituciones públicas, invertir en el desarrollo humano y castigar severamente la corrupción.
Lección aprendida para los que salen del poder: Cuando se desvía el interés de la sociedad y se saquea el erario público por pocos y para pocos, siempre el soberano habla y decide. Que buen ambiente se respira en Honduras, ojalá los elegidos a reorientar el rumbo de las cosas, no se desgasten o dividan antes de iniciar una nueva gestión de gobierno. Desde la ciudadanía les estaremos observando. No más abuso del poder en esta noble nación.
