Medidas sustitutivas a cuatro acusados por titulación “panda”

MA
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13 de enero de 2022
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03:02 am
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Medidas sustitutivas a cuatro  acusados por titulación “panda”

Los cuatro primeros procesados tendrán la audiencia inicial el próximo 19 de enero.

El Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción, en audiencia de declaración de imputados, dictó medidas distintas a la detención judicial a favor de cuatro acusados, entre ellos tres empleados del Instituto de la Propiedad (IP) por la inscripción fraudulenta de tierras en el Parque Nacional “Blanca Jeannette Kawas”.

Los encausados que gozan de medidas son: Marco Tulio Luque Medina (jefe de Catastro y Geografía del IP), Carlos Josué Pacheco Guevara (auxiliar jurídico), ambos capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en las ciudades de Siguatepeque y San Pedro Sula, respectivamente.

A ambos les imputan 14 delitos de fraude y 12 de falsificación de documentos públicos. De igual forma, quedó con medidas Héctor Andrés Contreras Licona, exsecretario general del IP, quien se presentó de manera voluntaria y está acusado por la presunta comisión de los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos. También bajo esa misma condición quedó José Francisco Bonilla Chirinos (auxiliar jurídico del IP), señalado de 14 delitos de fraude y 12 de falsificación de documentos públicos.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, detalló que el próximo 17 de enero se presentará ante el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción a otros diez imputados.

La audiencia inicial quedó programada para el miércoles 19 de enero en esa misma sede judicial y deben observar las medidas de prohibición de salir del país y no visitar el Instituto de la Propiedad, entre otras.
La investigación es por la inscripción de manera irregular de 66 millones de varas cuadradas de tierra en la zona núcleo del Parque Nacional “Blanca Jeannette Kawas”.

De acuerdo a la investigación de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), a inicio del año 2011 se gestó una red de corrupción pública conformada por funcionarios del Instituto de la Propiedad y la Dirección General de Regulación Predial, entidad creada de forma temporal el 11 de enero de 2010.

Entre el 30 julio y el 15 de agosto de 2013 se presentaron 14 solicitudes de regularización predial de igual número de bienes inmuebles, mediante el mecanismo del Equiparamiento al Dominio Útil con la ocupación por más de diez años y su consolidación a título en dominio pleno, ubicados en la aldea El Tigre, Tela, Atlántida.

Entre el 18 y 19 septiembre de 2013, aún y cuando ocho de los dictámenes legales no estaban firmados se procedió a emitir las 14 resoluciones todas firmadas por Roberto Alonso Matute Vásquez (QDDG), coordinador del Centro Regional de Regulación Predial y el 25 y 26 de septiembre se extendieron las certificaciones de las resoluciones, a fin de ser inscritos como títulos. (XM)

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