Carolina Alduvín
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Por: Carolina Alduvín
En la presente ronda de reuniones de la Comisión de Transición para movimientos sociales, una petición reiterada por muchos de ellos es la derogación de las impopulares e inconstitucionales ZEDE, los argumentos en contra son múltiples, pese a la excesiva y falaz publicidad a favor en la que el gobierno saliente argumentaba que el controversial adefesio jurídico era equivalente a inversión y, por ende, generación de empleo. Aun así, varios municipios, haciendo uso de la autonomía que les otorga nuestra Constitución, organizaron cabildos abiertos en el último año y, tomando en cuenta la voluntad de sus pobladores, se declararon libres de ZEDE.
De hecho, entre los ofrecimientos a ser cumplidos en los primeros 100 días, es lo primero que se menciona; los expertos dicen que el procedimiento es sencillo, aunque se habla de posibles millonarias demandas por parte de los poderosos que pudieran resultar afectados. Eso depende del tipo de convenios firmados que, por haberse amparado en algo ya declarado en contra de la normativa nacional, es lógico esperar que se declare con nula validez. En todo caso, si tales desembolsos llegaran a ocurrir, deberían ser reparable para quienes otorgaron tales concesiones en base a una disposición de tal naturaleza. Lo que se impone entonces, es presentar alternativa a tan oprobiosos proyectos, capaces de cumplir las promesas de inversión y empleo, con que pretendieron vender la idea.
Uno de los grupos que se unen a la petición, presenta como alternativa, crear zonas municipales de empleo y desarrollo económico, con diversidad de propiedad y de empresa. Una manera de innovar la inversión que, no necesariamente tiene que venir del extranjero, aunque tampoco excluye tal posibilidad, que permite de manera democrática a todos, participar hasta con aportes mínimos a un capital social, con inversión equitativa a los medios de producción, empleo, tierra y recursos naturales. Estableciendo proyectos con intereses comunes, especialmente con relación al aprovechamiento de los recursos naturales de cada localidad, que asegure la subsistencia de sus pobladores, junto con su cultura, raza, valores, principios, creencias y forma de vida. Haciéndolos partícipes en el ejercicio de su poder soberano en cabildos abiertos.
Y no es invento de ideólogos afines a los liebres, aunque no importaría si quisieran saludar con sombrero ajeno, nuestros constituyentes previeron y plasmaron en el Artículo 328 de la Carta Magna que: “El sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, así como la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza o como medio de realización de la persona humana”. Mientras, el 330 reza: “La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática y en armonía de diversas formas de propiedad y de empresa”.
Hay que considerar también que, es un elemento de poder de los ciudadanos, ejercer su mandato original asentado en el municipio, puesto que no todo el territorio es de dominio público, sino que también hay dominio municipal y de carácter privado. Para desarrollar empresas y generar empleo, no hay que entregar la soberanía ni la forma de gobierno a empresas mercantiles, sino ser creativos en las formas de generar inversión, de acceder a la propiedad, a los recursos y generar empleo y/o fuentes alternas de ingresos a los pobladores, tanto con salarios como con dividendos de las empresas de las que bien podrían ser socios, aún con mínima participación en los capitales sociales y con garantías descentralizadas en cada municipio.
Para dar cumplimiento a estos principios, ni siquiera hay que invertir recursos extraordinarios del presupuesto nacional, bastaría con establecer normativas en cuanto a la gobernanza judicial-municipal, sin menoscabo del poder judicial, y como respuesta a la necesidad de la población por tener seguridad jurídica. Habría que emitir una nueva Ley de Municipalidades para dar fiel cumplimiento a la Constitución; también, dar fiel cumplimiento a los fallos de inconstitucionalidad emitidos por la Corte Suprema de Justicia, en años pasados, publicando de una vez por todas tal resolución en el periódico oficial La Gaceta, y así materializar los artículos reformados 304 y 329 de la Constitución. A demostrar voluntad política, nuevo gobierno, he ahí una alternativa.
