Libre presenta inconstitucionalidad contra decreto que ordena pago de prestaciones a altos funcionarios
En horas del mediodía de ayer se presentó el recurso por parte de los abogados de Libre.
Un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto 107-2021 que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del Estado se interpuso hoy, en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En representación de Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon y Mario Sorto presentaron el recurso, contra el decreto 107-2021 que contiene el Presupuesto General de la República y las disposiciones generales para el ejercicio 2022.
Según el escrito presentado, la acción de inconstitucionalidad se interpone por una cuestión de fondo en contra del artículo 129 del decreto legislativo 107-2021, que violenta la justicia y los principios del régimen constitucional financiero y laboral, señalan.
El artículo 129 establece que “a los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecuetiva para el Estado se les concederá la indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley de Servicio Civil. Este beneficio también aplicará a aquellos servidores públicos que se desempeñen en cargos del servicio excluido”.
En el documento, hacen la observación que en el caso de los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecutiva para el Estado, el reconocimiento de sus derechos ya estaba establecido en la ley y es de orden público “por lo tanto no encontramos razón válida para que se esté regulando en una ley complementaria, como es el presupuesto”, señalan.
Con relación a los funcionarios y servidores públicos que se desempeñan en el servicio excluido, “por primera vez en materia legislativa se legisla al respecto”.
“Esta disposición transgrede normas secundarias presupuestarias, principios y normativa constitucional”, precisaron los abogados que interpusieron el recurso.
Jari Dixon dijo que son más de seis millones de lempiras los que se han comprometido para pagarle las prestaciones a los funcionarios y servidores del sevicio excluido.
“La justicia hondureña tiene que recapacitar y decirle a los funcionarios que ya gozaron de privilegios durante estos últimos 12 años que ellos aceptaron esos cargos bajo el entendido que no tenían prestaciones laborales, eran personal de confianza, y no es justo que sigan sangrándole el bolsillo al pueblo hondureño”, manifestó.
Opinó que la ejecución de ese decreto afecta el erario del nuevo gobierno de la futura presidente.
La acción se presentó con la suspensión inmediata del decreto y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie de forma inmediata. (XM)
