Fiscalía ratifica cargos de fraude contra acusados por hospitales móviles

El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción comenzó ayer el juicio oral y público contra dos exdirectivos de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), acusados de dos delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios por la compra fraudulenta de siete hospitales móviles.

Por esta acusación, el Ministerio Público (MP) aportará más de 70 medios de prueba con los que se busca acreditar el supuesto megafraude del exdirector de Invest-H, Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, primeros presentados ante los tribunales por la adquisición de siete unidades médicas.
Con la compra de las unidades hospitalarias se proyectaba mejorar la atención sanitaria ante la pandemia de la COVID-19, sin embargo, resultó ser un fiasco y abonó al trágico saldo de miles de fallecimientos, han indicado autoridades.

Los dos encausados fueron trasladados desde el batallón, en El Ocotal, donde guardan prisión, a bordo de un camión militar hasta el Tribunal en Materia de Corrupción, en Tegucigalpa. Bográn guardó silencio en el momento que fue abordado por la prensa, en tanto el otro encausado Moraes solamente exclamó: “con la confianza en Dios, compañeros”.

El portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, detalló que son alrededor de 58 medios documentales, ocho periciales, dos evidenciales y dos testificales, con los que el ente fiscal procura demostrar de manera contundente la comisión de los delitos por ambos señalados en este caso y que el Tribunal dicte una sentencia condenatoria.
El caso ha sido preparado por un equipo multidisciplinario conformado por fiscales de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), en equipo con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal biomédico, por dos delitos de fraude y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Durante la etapa incidental la Fiscalía propuso seis nuevos medios de prueba, de los cuales cuatro son documentales y dos aclarativos.

RATIFICAN CARGOS

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, detalló que “se ratificó la acusación por parte de la Fiscalía contra los dos imputados por dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios con el nuevo código porque ahora se habla de inhabilitación especial cuando con el código anterior tenía algunos años de prisión, y por dos delitos de fraude siempre con el actual código cuya condena son años de prisión”.

“Se admitieron todos los incidentes presentados, haciendo referencia que los medios de prueba presentados este día en su mayoría fueron admitidos en otra etapa procesal; se admitió una visita que se tratará de una evidencia que está en poder de la Fiscalía, en este caso se trasladará tanto el equipo de jueces como personal auxiliar, las partes procesales y ente acusador para verificar de qué se trata esa evidencia que está relacionada con el tema de los hospitales móviles”, amplió.

Dijo que para hoy se escuchará a los testigos, la prueba pericial y luego se realizará la inspección antes mencionada y después la prueba documental.

SOBREVALORACIÓN DE 62%

“Según lo manifestado por el Ministerio Público, existió un 62 por ciento de sobrevaloración en la compra de los hospitales móviles”, indicó Silva.
El equipo fiscal busca demostrar ante el tribunal que en los meses de marzo y abril del 2020, el Estado de Honduras, a través de Investh-H, compró siete hospitales móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia COVID-19.

Marco Antonio Bográn Corrales y Alex Alberto Moraes Girón, con violación a los principios fundamentales de la contratación pública contenidos en el ordenamiento jurídico hondureño, realizaron la compra de los hospitales de manera directa y fraudulenta con el imputado Axel Gamaliel López Guzmán, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC.

El costo de las siete unidades móviles y sus plantas de tratamiento fue sobrestimado a 47 millones 512 mil 564 dólares y en lempiras a 1,174 millones 517 mil 764 lempiras con 33 centavos.
La compra se hizo al margen de lo que establece la ley, según contraste de oferta y de proveedores, sin garantías de calidad ni de cumplimiento, ni mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H y extrañamente se pagó el 100 por ciento de la compra.

NO CUMPLEN FUNCIÓN

Los informes biomédicos confirmaron que los hospitales no solo están sobrevalorados, sino que no cumplen la función de poder ser útiles para atender pacientes de COVID-19, debido a que tienen problemas de diseño y equipamiento, porque hay equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional.

El proveedor no tenía la capacidad técnica para construir, fabricar y equipar este tipo de hospitales, se indicó.
Personal del Departamento de Adquisiciones de Invest-H, ahora testigos del MP, advirtieron sobre el peligro de ejecutar la compra, puesto que no se tenía mayor información sobre ese proveedor y que en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas, pero la alta gerencia hizo caso omiso, es más, se les llamó fuertemente la atención por hacer preguntas sobre garantías y especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Axel Gamaliel López Guzmán.

Con las pericias se pudo determinar que Marco Antonio Bográn Corrales ya había tenido comunicaciones previas con Axel Gamaliel López Guzmán, antes de que la Secretaría de Salud le enviara oficio de solicitud de compra de hospitales de aislamiento.

Junto a expertos de los hospitales “Mario Catarino Rivas” y Hospital Escuela Universitario se determinó que esos hospitales no reúnen las mínimas condiciones adecuadas para atender pacientes con nuevo coronavirus. Dos de los que ya operan han sido adecuados, pero a cirugías menores, no para COVID-19.

PRIMERA CONDENA

Los hospitales móviles no han prestado un genuino servicio a la población, contrario a ello, su adquisición provocó un enorme daño para la salud y el patrimonio público.

El Ministerio Público buscará obtener la primera condena contra Marco Antonio Bográn Corrales, en su condición de exdirector ejecutivo de Invest-H y en contra de Alex Alberto Moraes Girón, exgerente administrativo, causa en la que también se acusó a Axel Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude a título de cooperador necesario y a quien meses atrás se le aseguraron más de 100 millones de lempiras en una cuenta bancaria en

Estados Unidos. Contra López Guzmán hay orden de captura con alerta roja internacional.
La Fiscalía hondureña mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre estos hechos, a efecto de establecer la participación y responsabilidad de otras personas en el caso Hospitales Móviles, por lo que no se descartan más requerimientos fiscales. (XM)