Juan Ramón Martínez
I
El 11 de enero de 1982, ahora hace 40 años, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en la ciudad de Tegucigalpa, aprobó la Constitución de la Republica. La suscribieron José Efraín Bu Girón, presidente y Marco Tulio Castillo Santos y Juan Pablo Urrutia R, en calidad de secretarios. Ese mismo día, Policarpo Paz García, Presidente, la suscribió y entró en vigencia. Desde entonces, fuera del intento de Manuel Zelaya Rosales, que pretendió mediante una cuarta urna –que popularmente se supo que había sido sugerida por Arturo Corrales Álvarez– para preguntarle al pueblo en las elecciones que se celebrarían en noviembre del 2010, si creía que era conveniente que se convocara una Constituyente para que elaborara una nueva Constitución, en vista que la de 1982, “habiendo sido tantas veces violada”, ya no era suficientemente adecuada para asegurar el desarrollo nacional, los demás políticos la han respetado. Le había antecedido en su irrespeto a la Constitución de 1982, las expresiones irrespetuosas de Rodrigo Castillo, exdiputado liberal por el Paraíso y exministro de Recursos Naturales durante el gobierno de Azcona, al decir que la Constitución, había que violarla, tantas veces fuera necesario. Las fuerzas de la sociedad civil, los partidos políticos sin excepción, las personalidades más relevantes del país, se opusieron a la medida de Zelaya Rosales. Las llamadas “camisas blancas”, salieron a la calle a protestar por el intento de cambiar la Constitución de 1982. Ante la crisis, los dirigentes políticos –Carlos Flores, Porfirio Lobo Sosa, Elvin Santos Ordóñez, Ricardo Álvarez, Rodrigo Wong Arévalo; y con la intervención de Hugo Lorentz, embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, iniciaron negociaciones para evitar la caída del régimen de Zelaya Rosales. Los esfuerzos fueron inútiles, porque Zelaya en vez de cooperar, convocó a una consulta para el 28 de junio del 2009, en la que se estableció que una vez determinado los resultados, se procedería a reorganizar el Estado nacional. Una acción del Fiscal General Luis Alberto Rubí, ante la Corte Suprema de Justicia, provocó el inicio de un proceso judicial en contra de Manuel Zelaya Rosales. La Corte ordenó la captura y encarcelamiento de Zelaya, medida que fue ejecutada por las Fuerzas Armadas la madrugada del 28 de junio del 2009. Zelaya Rosales, fue capturado en su casa de habitación y extrañado del país. Guatemala, no lo quiso aceptar, cosa que hizo finalmente Costa Rica. El Congreso Nacional, en vista que no había ningún designado presidencial que sustituyera a Zelaya Rosales, nombró a Roberto Micheletti para que se encargara del Poder Ejecutivo y terminara el período del destituido Zelaya Rosales. Y los diputados, además, nombraron a José Alfredo Saavedra, diputado liberal por el departamento de Valle, presidente del Congreso. Honduras se implicó en una crisis política –la más profunda de los últimos 40 años– y que algunos creen que finalizará el próximo 27 de enero de este año (2022) con el retorno de la familia Zelaya Rosales, en la figura de la esposa del depuesto gobernante liberal, Xiomara Castro de Zelaya. Sin embargo, en el 2010 se efectuaron elecciones que ganó Porfirio Lobo Sosa y en el 2013, las generales las ganó Juan Orlando Hernández que cometió el error de reelegirse en noviembre del 2016. En el año 2017, la crisis se profundizo y el régimen estuvo a punto de caer, cosa que no ocurrió por el respaldo que obtuvo de las Fuerzas Armadas y por el temor de las fuerzas económicas y sociales, ante el regreso de Libre al poder.
II
El 1 de enero de 1812 se produjo en la villa de Tegucigalpa, el que se considera el primer acto de resistencia y oposición al gobierno peninsular realizado en la provincia de Honduras. Para entonces, las ideas de independencia habían circulado profusamente en toda la capitanía general de Guatemala, ante las cuales, los peninsulares mostraban evidente resistencia y oposición. Poco antes, se habían producido sucesos en pro de la independencia en las ciudades de San Salvador, León y Granada, en clara manifestación de descontento hacia las autoridades españolas. Estos sucesos, fueron los primeros que anunciaron lo que llevaría a las autoridades peninsulares a anticiparse a la declaración de independencia del 15 de septiembre de 1821, nueve años después del acto de desobediencia de Tegucigalpa. El problema, en el caso de Tegucigalpa, fue originado en el deseo de los peninsulares de Tegucigalpa, por perpetuar en los cargos en la Alcaldía de Tegucigalpa a los señores José de la Sierra, Juan Judas Salavarria y José Irribarren, los tres peninsulares que especialmente por ello y por su conducta personal, no gozaban del respeto y la consideración popular. En aquella oportunidad, la ciudad fue invadida por octavillas que aparecieron en las puertas de la mayoría de las casas en las que se leyó que “Si quieren que no haya guerra/ y todo sea alegría/ renuncie Salavarria/ con su compañero Serra”. Los milicianos de la ciudad, aunque poco armados, manifestaron su simpatía por la oposición a los peninsulares mencionados, aunque fueran electos por el ayuntamiento. Ante la posibilidad que el pueblo, la fuerza armada y el ayuntamiento se enfrentaran, el cura párroco, padre Juan Francisco Márquez, inicio gestiones entre las partes, para evitar que corriera la sangre entre sus feligreses. Gracias a las gestiones del padre Márquez, los cargos disputados, fueron entregados a José Manuel Márquez y Joaquín Espinoza. Y José Irribaren, por ser europeo, fue sustituido por Miguel Eusebio Bustamante. Evitándose de esta manera una confrontación que habría tenido funestas consecuencias. Y que tenía como motivo real, la disputa por los cargos públicos que reclamaban para sí los criollos, mientras los retenían en forma inaceptable para los primeros, como propiedad suya por los peninsulares.
III
El 2 de enero de 1827, Diego Vigil, Intendente de Tegucigalpa le informaba al Jefe del Estado Dionicio de Herrera, que los europeos residentes en la ciudad, en convivencia con algunos otros de León, Nicaragua, propalaban rumores y expresaban palabras con las que criticaban el sistema político establecido el 15 de septiembre de 1821 y propiciaban el establecimiento de un gobierno hostil a los liberales, con el fin de embrocar a la provincia en la anarquía y en el retorno del sistema de dominación que habían establecido los españoles. Vigil, señalaba que el principal instigador en la provincia de tales ideas, era el Provisor, Nicolás Irías y “algunos grupos de ideas retrogradas, que los elementos europeos y leoneses que denunciaba venían maquinando contra el orden desde que se llevaron a cabo las elecciones de autoridades locales, manifestando que creía conveniente que el gobierno pusiera en Tegucigalpa una fuerza respetable de la que estaba en Comayagua y procedía de Texiguat, pues en caso contrario se harían efectivos los planes de los agitadores, se cometerían los asesinatos que se intentaban y la anarquía no podría evitarse” (Cáceres Lara, Efemérides Nacionales,1980, 1). La información comunicada por Vigil a Herrera, la había obtenido por informes proporcionados por el ciudadano Juan Rivera que las había escuchado en la noche del 1 de enero, cuando se preparaba una serenata para celebrar las fiestas del inicio de año.
IV
A principios del mes de enero de 1911, el gobierno del Presidente Miguel R. Dávila, ante los rumores de una acción armada para derribarle de la titularidad del ejecutivo encabezada por el expresidente Manuel Bonilla “ordenó al general Francisco Guerrero que se trasladara de Trujillo a La Ceiba para hacerse cargo de la Comandancia de Armas y Gobernación Política de Atlántida. Luego de hacerse cargo de dicho puesto, principió a preparar la defensa de dicha ciudad con trincheras. Un día antes de comenzar el combate una comisión de capitanes de los barcos de guerra y del Cuerpo Consular visitó al jefe supremo de la plaza, general Francisco Guerrero, manifestándole que la revolución contaba con poderosos contingentes militares y elementos bélicos muy superiores que le imposibilitarían dentro de lo humano la defensa de la plaza, invitándolo, por si dudaba, fuera a visitar los campamentos revolucionarios en donde se encontraba el amigo de sus simpatías, general Manuel Bonilla, por lo que se esperaba de él la entrega voluntaria de la plaza; o que, por lo menos, para evitar un derramamiento innecesario de sangre se le excitaba para que desocupara la plaza y se retirara con sus fuerzas al interior del país. Esta proposición fue rechazada de plano ante el Cónsul norteamericano, Mr. Allen Gard, y capitanes de barcos de guerra norteamericanos e ingleses, surtos en la bahía, resolución que fue llevada a conocimiento del jefe de la revolución, general Manuel Bonilla. A pesar de su amistad personal y sus simpatías al movimiento del general Bonilla, el pundonoroso militar general Francisco Guerrero se dispuso a morir defendiendo al gobierno del general Dávila antes que traicionarlo”. (Chalo Luque, Las Revoluciones en Honduras, Tomo II, 1982, página 103).Pocas horas después, moriría el general Guerrero.
