Por: Edmundo Orellana
Los cargos públicos son de dos tipos. Los políticos, como los secretarios de Estado, y los que exigen requisitos especiales, como los de magistrados, fiscal y procurador general.
Nombrar a cualquiera en un cargo político no tiene consecuencias si tiene el talento de rodearse de quienes saben. Presidentes ha habido con muy poca educación formal, que, sin embargo, sus logros son todavía visibles, como es el caso del general Manuel Bonilla, cuya revolución legislativa nos legó normativa que todavía hoy nos rige, como es el caso del Código Civil.
Inadmisible, sin embargo, es el nombramiento en cargos como los señalados en el párrafo primero, sin, previamente, establecer los méritos de los candidatos. Un abogado dedicado a defender exclusivamente corruptos o narcos no es el más idóneo para impartir justicia, ni el abogado cuya dedicación exclusiva es demandar al Estado acredita que, en caso de ser nombrado “abogado del Estado”, protegerá los intereses estatales.
En el Congreso ocurrió un incidente, que debemos destacar, relacionado con estos temas. Un legislador, en la misma sesión que se juramentaría la Presidenta, abruptamente mocionó para que se nombraran los titulares de la Procuraduría General de la República, proponiendo el nombre de dos personas, sin que la representación popular supiera quiénes eran los propuestos.
Afortunadamente, la oportuna intervención de dos legisladores, uno del norte y otro del sur, ambos abogados, advirtieron que esos cargos eran tan importantes que sin conocer previamente los méritos de los propuestos no era correcto avanzar en la iniciativa.
Es un buen comienzo. No se puede actuar tan a la ligera en temas tan importantes como el asignar la defensa del patrimonio del Estado a personas que la representación popular desconoce.
Estos son los cargos que necesitan de los filtros necesarios para verificar si los méritos personales, profesionales y laborales de los candidatos son los pertinentes para confiarles tan importantes responsabilidades. ¿Por qué no se aplican las pruebas de confianza y se investiga previamente los antecedentes de los profesionales propuestos para cargos como la PGR?
Es un cargo tan importante como el de Fiscal General o Magistrado de la Corte Suprema, con responsabilidad para defender los intereses económicos del Estado hondureño. Es el “abogado del Estado” y como tal debe ser de la confianza de quienes lo representan, para que las demandas de orden civil o mercantil puedan ser debidamente sustanciadas, contra quienes provoquen daños o perjuicios contra el Estado, o defender a este de las demandas incoadas en su contra por quienes alegan que el Estado les ha ocasionado daños o perjuicios; igualmente, para perseguir el resarcimiento de los daños o perjuicios derivados de condenas penales, en casos de corrupción.
Un abogado cuyos casos comprometan estas funciones de la PGR no puede ser titular de esta. Por eso, es loable lo ocurrido en la Cámara Legislativa.
Es una magnífica oportunidad para que los legisladores inicien un nuevo modus operandi en estos procesos legislativos de nombramiento de titulares en los altos cargos del Estado. Ojalá que los nuevos legisladores que postearon en sus muros de Facebook el compromiso de ser diferentes a los zorros legisladores, acostumbrados a torcer la voluntad popular, decidiendo en contra de los intereses del pueblo, cumplan con su promesa, lo que no dudo, porque, en el caso del legislador del norte que se opuso al desaguisado, es, justamente, uno de los nuevos y capacitados legisladores.
Seguir por ese camino conduce a la refundación, bandera del partido que, en coalición con el PSH, ganó las elecciones. Seguir por el camino de siempre se llega a lo mismo, lo que inevitablemente ocurre cuando el legislador antepone sus intereses a los intereses del pueblo. Los legisladores deben escoger, entre seguir el camino trillado de los políticos matreros o seguir el sendero de la refundación, actuando diferente, celosos de que sus ejecutorías sean contestes con los intereses del pueblo hondureño.
Felicito, pues, a los legisladores que intervinieron advirtiendo de la necesidad de que el proceso de nombramiento tenga la seriedad que el caso amerita, esperando que sea la conducta a seguir con la elección de los magistrados de la Corte Suprema y del Fiscal General. Para que los legisladores cambien y no sigan nombrando irresponsablemente a los titulares de los altos cargos del Estado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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