Por: Otto Martín Wolf
Es de suponer que la nueva administración tiene un plan de gobierno definido, así lo creo y es lo que se puede esperar después de tener 12 años de tiempo para prepararlo.
Por lo tanto, las ideas que un novato como yo pueda tener en estos asuntos son realmente ingenuas, pero nada se pierde con probar.
La primera y más importante es cambiar el período de duración del presidente del Congreso.
¿Qué tal dejarlo a solo un año?
La experiencia nos ha demostrado que esa posición es mayormente buscada para -desde ahí, con todo el dinero y poder que se maneja- aspirar a la Presidencia de la República.
Cambiarlo cada año evitaría que su atención se concentre en otras cosas que no sean la elaboración de leyes, que debe ser su única y principal función.
Otra cosa que se me ocurre es que el presupuesto de publicidad de todo el gobierno: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, autónomas, municipalidades, etc., sea hecho público, en forma transparente. Sería mucho pedir, además, que no se mencione a ningún funcionario en particular cuando se realicen campañas para promover o divulgar las diferentes actividades?
¿Por qué los anuncios del Congreso de la República -por ejemplo- tienen que mencionar el nombre del presidente de ese poder?
¿Verdad que huele a propaganda personal lo que solo debería ser una nota informativa?
De paso, se podría hacer público cuánto se invierte en cada medio, ya sea en anuncios directos o en “patrocinio” de programas.
Tanto medios como gobierno terminarían de esa manera con la fea y ofensiva palabra “tarifados” y todos contentos, especialmente el pueblo.
Incluyamos aquí, en esta transparencia, también las redes sociales que ahora ocupan gran parte de los presupuestos y cuya inversión es más difícil de auditar por parte del soberano pueblo hondureño.
Para hacerse una idea, al gobierno anterior le cancelaron 1,200 cuentas falsas de Internet que utilizaba a su antojo, como si se tratara de personas que opinaban favorablemente o criticaban a los opositores.
Cuántas jamás fueron detectadas?
Renunciará un gobierno a lo que hasta ahora ha sido un privilegio que les ha permitido comprar voluntades, “manejar” a ciertos medios e influir en la mente colectiva en forma disimulada? Sería bueno.
He sostenido que en el servicio exterior hay demasiadas embajadas, que cuestan mucho dinero.
En Europa, por ejemplo, acaso no bastaría con una embajada en Bélgica (donde se ubica la sede administrativa de la Comunidad Europea).
Aparte de eso, operar consulados en todos los lugares en donde nuestros compatriotas puedan necesitarlo.
Y esos cónsules deberían de tener la obligación de tratar de atraer inversionistas y recursos, no solo dedicarse a sellar pasaportes.
Cuánto se economizaría si se hiciera lo mismo en todo el mundo. ¿Para qué un embajador en cada país de Latinoamérica?
¿Más? Siempre me he manifestado en contra de las “cárceles doradas”, lugares en nuestros batallones donde son enviados los prisioneros VIP.
¿Existe en la ley un privilegio para quienes roban al Estado? ¿Por qué?
¿Qué diferencia hay entre uno que roba en la calle y otro que lo hace desde una oficina del gobierno?
¿Qué vidas se ponen en riesgo si los mandan a Támara, por ejemplo?
Eso sería algo que los posibles delincuentes del futuro tomarían en cuenta a la hora de pensar y planear el saqueo de las finanzas públicas.
Finalmente: ¿Será posible saber cuál es la parte “privada” de las Asociaciones Público-Privadas que han obtenido enormes contratos con el gobierno?
No es que sea mal pensado, pero como estamos acostumbrados a sorpresas desagradables tengo que decirlo; no sé por qué me huele que algunos de los funcionarios que aprobaron esos contratos (Palmerola, Centro Cívico, Carretera CA5, etc.) a lo mejor son la parte “privada”.
Organizaciones creadas internacionalmente para contratar con el Estado y quedarse con la parte del león.
Queremos cambiar el país, de verdad queremos convertirlo en algo más justo?
Empecemos con esos cambios que creo no son nada difíciles de implementar, al menos desde el punto de vista de un soñador.
