El Estado de Honduras, reconoce el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 9 de abril de 2011.
El capítulo I “De la Condena al Golpe de Estado del 28 de Junio del año 2009”, del decreto 4-2022, en su artículo 3, establece el Reconocimiento y Validez del Acuerdo de Cartagena, suscrito el 9 de abril de 2011, el que sentó las bases para el regreso del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y de Honduras a los organismos regionales y multilaterales.
El acuerdo fue firmado en la ciudad de Cartagena, Colombia, entre el entonces presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y el exmandatario Zelaya, teniendo como testigos de honor a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y el colombiano Juan Manuel Santos.
Se acordó la aceptación de la mediación de Colombia y Venezuela con base en los cuatro puntos planteados por el expresidente Zelaya para la solución de la crisis política hondureña, lo que sentaría las bases para el regreso de la República de Honduras en los organismos regionales y multilaterales.
El acuerdo enmarca todas las acciones y decisiones del gobierno de Honduras en el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley; garantiza al expresidente José Manuel Zelaya su regreso a Honduras, con reconocimiento pleno de sus derechos según la Constitución y las leyes de Honduras, incluyendo el ejercicio de su acción política en condiciones de seguridad y libertad.
Profundizar en las garantías otorgadas para el regreso en condiciones de seguridad y libertad a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Zelaya y demás personas afectadas por la crisis que hoy se encuentran en el exterior, con reconocimiento pleno de sus derechos, según la Constitución y las leyes de Honduras.
El acuerdo también indica la anulación de los procesos judiciales en contra del expresidente Zelaya, subrayando la presentación de los documentos por la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República ante el Tribunal de Apelaciones ad hoc, según los cuales ambas instituciones renuncian a presentar recurso de amparo, así como su admisión por parte del Tribunal, con lo cual la decisión judicial es definitiva.
También reconoce la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como entidad que permita fortalecer las capacidades nacionales para la promoción y protección de los Derechos Humanos en Honduras, además de la inscripción del entonces Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), como fuerza política, a la luz de lo cual surgió el Partido Libertad y Refundación (Libre).
